Julio Solanas: “Veo un Gobierno nacional divorciado del pueblo”

Julio Solanas lanzó una fuerte crítica a la gestión nacional, al endeudamiento con el FMI y al rumbo económico del país. El exintendente de Paraná también analizó la situación del peronismo y llamó a fortalecer la unidad política.

La afirmación de Julio Solanas “Veo un Gobierno nacional divorciado del pueblo” sintetizó buena parte de las críticas que el exintendente de Paraná y exdiputado nacional formuló durante su participación en el programa Quién Dice Qué, que se emite por Elonce #Paraná. En una extensa entrevista, el dirigente peronista expresó su preocupación por la situación social, económica e institucional del país, cuestionó el rumbo de la administración nacional y llamó a la reconstrucción de consensos dentro del peronismo.

Desde el inicio de la conversación, Solanas manifestó que sigue de cerca la actualidad política argentina y aseguró que percibe una creciente distancia entre el Gobierno y las demandas de la ciudadanía.

Estoy mirando con mucha atención lo que pasa en Argentina. Veo que hay un divorcio entre un Gobierno nacional y su pueblo, desde las cuestiones más insignificantes como no recorrer las provincias, no acudir a las provincias que tuvieron dificultades como, por ejemplo, el tornado de Bahía Blanca, donde el presidente promovió la ausencia del Gobierno nacional, cargando todo sobre las provincias y los municipios”, sostuvo.

El dirigente consideró que esa desconexión genera preocupación en amplios sectores de la sociedad, incluso entre quienes respaldaron electoralmente al actual gobierno.

Hay preocupación de cientos de ciudadanos y ciudadanas que no se sienten contenidos, independientemente que algunos apostaron a esa expresión política. No es una cuestión menor porque hace a la no disociación de ese encuentro en función de los intereses de la Argentina, que es lo que debe interpretar cualquier gobierno”, agregó.

Críticas a los viajes presidenciales y a la relación con las provincias

Durante la entrevista, Solanas también cuestionó la política exterior del Gobierno nacional y particularmente los viajes realizados por el presidente a Estados Unidos. Según su mirada, esas acciones deben responder prioritariamente a intereses institucionales y no partidarios.

No es solamente una decisión reprochable porque eso va a tener reproche alguna vez. Cuando vos viajas en función del Estado que te confirió esa responsabilidad como presidente de la república. Hay viajes que no tienen consideración solamente desde el punto de vista partidario y sectorial. Eso es muy grave porque existe un precedente nefasto”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la representación presidencial debe estar orientada a fortalecer los intereses nacionales y advirtió sobre las consecuencias de decisiones que, a su criterio, pueden debilitar el vínculo entre el Estado y la ciudadanía.

Además, planteó cuestionamientos institucionales vinculados al cumplimiento de obligaciones por parte de funcionarios nacionales y al respeto por las normas constitucionales.

Se ha perdido el respeto a la Constitución, que el presidente no la puede violar en ninguna forma y que se esté cargando días y días porque un funcionario no presentó una Declaración Jurada, que es una cuestión normal. Los que hemos sido legisladores y hemos ocupado un lugar elegidos por el pueblo, es algo absolutamente normal. En este caso, es un mandato delegado y que de alguna forma queda como un encubrimiento de esa falta de responsabilidad constitucional avalada por el presidente de la república”, remarcó.

Preocupación por el ajuste y el endeudamiento

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

Otro de los ejes centrales de las declaraciones de Solanas estuvo relacionado con el impacto de las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional. El dirigente manifestó su preocupación por los recortes en diferentes áreas y por las consecuencias sociales que generan.

Por eso es una gran responsabilidad del dirigente no poner piedras en el camino, pero estamos en profunda dificultad. Hay un gran ajuste en todos los niveles, hasta en los más crueles como en la discapacidad, la universidad pública o la ciencia y la tecnología”, expresó.

Según sostuvo, las medidas de ajuste afectan sectores estratégicos para el desarrollo nacional y golpean especialmente a los sectores más vulnerables de la población.

Asimismo, vinculó la situación económica actual con el endeudamiento externo y cuestionó la continuidad de las negociaciones con organismos internacionales de crédito.

Hay que resaltar que, además de este gran ajuste, se sigue pidiendo dinero al FMI. Estamos endeudados absolutamente y esto tiene que ver con un correlato porque por ahí se toma nuestro gobierno y tenemos responsabilidades, no las eludimos en el debate. Es una responsabilidad de los cuatro años del presidente Macri que nos endeudó por 100 años a la República Argentina. Es una deuda externa impresionante y que ha retomado este presidente”, señaló.

“Estoy en contra del endeudamiento serial”

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

En otro tramo de la entrevista, Solanas profundizó sus críticas sobre la política financiera del país y manifestó su rechazo a los sucesivos ciclos de endeudamiento.

Estoy en contra del endeudamiento serial que tiene hoy Argentina y el ajuste salvaje que los argentinos estamos soportando”, afirmó.

Para el exintendente, el principal problema radica en que las decisiones económicas no están contemplando las necesidades de la población y generan un escenario de creciente incertidumbre social.

Estoy profundamente preocupado porque veo un Gobierno nacional divorciado del pueblo”, reiteró, reforzando el concepto que atravesó gran parte de su análisis político.

Las declaraciones se producen en un contexto de debate sobre el rumbo económico, la evolución de indicadores sociales y la discusión acerca del rol del Estado en distintas áreas estratégicas.

La crisis del peronismo y el desafío de reconstruir la confianza

Consultado sobre la situación interna del peronismo, Solanas reconoció que el movimiento atraviesa una etapa compleja y sostuvo que resulta necesario asumir responsabilidades para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

El Peronismo está transitando una crisis y no hay que ocultarla. Es una crisis dirigencial, en la que me incluyo. Es una crisis de credibilidad ante su pueblo y una crisis de un plan decididamente que entusiasme con valores, principios y con lo que implica ese acercamiento hacia la ciudadanía”, reconoció.

Sin embargo, expresó confianza en la capacidad de recuperación del espacio político y destacó la vigencia de sus principios históricos. “El Peronismo se va a recuperar, pero estamos transitando una crisis”, aseguró.

En esa línea, consideró que la autocrítica es una herramienta indispensable para reconstruir una propuesta política capaz de representar nuevamente a amplios sectores de la sociedad.

La unidad como respuesta al escenario político

Solanas también se refirió a los distintos movimientos internos que se desarrollan dentro del peronismo y valoró los encuentros entre dirigentes nacionales que buscan consensuar estrategias de cara al futuro.

Me parece que hay un tiempo enorme de la autocrítica que se la va haciendo el Peronismo. Me parece bueno que haya instancias –como en Parque Norte- y otra con Axel (Kicillof), quien es el que mayormente interpreta este tiempo del Peronismo y confronta con las políticas antipueblo de Milei como así también el Kirchnerismo a través de Máximo. Ellos han estado reunidos y eso es saludable porque eso es la conducción con la hora de los tiempos. El tiempo amerita decididamente ese encuentro entre los dirigentes, sino ese encuentro con los pueblos”, manifestó.

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

Respecto al debate por posibles sanciones partidarias y expulsiones dentro del Partido Justicialista, el dirigente se mostró contrario a medidas de exclusión y llamó a fortalecer el diálogo.

Respeto profundamente el PJ. Ahora nuestro espacio político es más que el PJ. Quiero llamar a la reflexión: nadie sobra dentro de este espacio político. Si hay alguna cuestión reprochable, tiene que haber alguna actitud reprochable”, afirmó.

Además, agregó: “Me he manifestado en contra de la posibilidad de suspensión y expulsión. Hay que buscar los resortes para el diálogo y el encuentro en función de los intereses del pueblo. Hay que buscar esa unidad porque el momento de la Argentina es difícil”.

Finalmente, insistió en que la construcción de consensos debe trascender incluso las fronteras partidarias para enfrentar los desafíos actuales del país.

Es parte de la construcción seria establecer vínculos de unidad más allá de nuestro espacio político porque claramente hay una intención de la derecha internacional de inmiscuirse en los temas nacionales y la entrega de los recursos nacionales y todo lo que implica los años de lucha de miles de ciudadanos y compatriotas. Con más razón, es el disparador buscar la unidad para confrontar con esas ideas”, concluyó.

https://youtube.com/watch?v=bAJGSxTO3A0%3Fcontrols%3D1%26rel%3D0%26showinfo%3D0%26autohide%3D1

Julio Solanas: El rearmado del peronismo en Entre Ríos

Contratos: ofrecieron evidencia sobre negocios inmobiliarios en Concordia y propusieron citar a Gustavo Bordet

Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro ofrecieron la incorporación de un legajo investigado en Concordia, que contiene información sobre numerosos negocios inmobiliarios en esa localidad y propusieron citar, entre otros testigos, al exgobernador Gustavo Bordet. Este viernes pidieron la incorporación de esa documental y testimonios, como prueba de las “relaciones” entre imputados de la causa “contratos trucos” de la Legislatura. Citaron casi una treintena de escrituras realizadas ante dos escribanas que probarían la compraventa de inmuebles por parte de Hugo Mena y Flavia Beckman, ambos imputados en el legajo actual. Entre los compradores figura Bordet.

“La Fiscalía ofrece un expediente iniciado el 2 de julio de 2024, en Concordia. El legajo cuenta de dos cuerpos. Se inició a partir de una denuncia de Luis Ángel Sanabria, que aportó un correo electrónico entre el imputado Gustavo Hernán Pérez y la escribana Luján Orabona”, adelantó Aramberry. “El inicio del legajo lo dice todo. Nos parece sustancial en cuanto vuelve a acreditar relaciones entre los imputados, y da cuenta de operaciones inmobiliarias a través de personas que no son los verdaderos titulares de los inmuebles. El dinero sustraído era invertido en operaciones inmobiliarias. Operaciones de venta de un loteo, situado entre las calles Chajarí, San Lorenzo, Victorino Simón y Espejo. Cobra importancia a partir de una prueba agregada a la causa, y muestra un plan de cobertura. Este correo electrónico fue enviado el 5 de agosto de 2009”, agregó Yedro y leyó:

“Asunto: Datos del otro firmante por el tema lotes.-

Luján, buenos días:

Palito me pidió que te pase los datos de otra persona para que también aparezca como firmante en la operación por la compra del loteo, él me dijo que ya te llama para avisarte:

Nombre y apellido: Beckman, Flavia Marcela

Domicilio: Almeida N°— Paraná

DNI: ———

CUIT: —————–

Fecha de nacimiento: 07/12/1968

Estado civil. Divorciada.-

Saludos.

Gustavo Pérez”

Palito es Juan Domingo Orbona, jefe del Servicio Administrativo Contable del Senado y amigo del exgobernador Gustavo Bordet.

Los fiscales señalaron que la compraventa de loteos en Concordia, ocurre desde 2009 a 2015. “La gestión de documentación de esos lotes y terrenos se realizaba en la Escribanía de Luján Orabona. Son negociaciones que se llevaron en la Escribanía, los lotes se registraron con precios de 15 mil a 20 mil dólares. Las inversiones se realizaron en efectivo, en su mayoría, figuran como vendedores Hugo Mena y Flavia Beckman. Esto está cotejado con información de AFIP de Mena y Beckman, donde aparecen en su totalidad las compras. Aparecen también los nombres de las escribanas Lujan Orabona y María Dolores Mouliá”.

Los representantes del MPF aseguraron que la escribana Mouliá actuó en representación de Mena y Beckman, y que le entregaban dinero a la escribana Orabona. “Estas personas que ofrecemos como testigos vendrán a contar como eran las operaciones. Claramente, para la hipótesis de Fiscalía esto es importante, atento a lo que manifiesta Pérez sobre ‘Palito’. Es un legajo que inició con esa denuncia y, desde entonces, el fiscal recopiló información con testimonios y registros notariales, de la Propiedad Inmueble e información fiscal”, aseguraron.

Y posteriormente nombraron a los compradores de terrenos que comparecieron a la Fiscalía de Concordia. “Circunscribimos el número de ellos, a aquellos que surgen de la información oficial y acreditan lo reflejado en el legajo oficial”, acotaron y enumeraron:

“Pascucchielo, Marcelo Fernando

Benchoa Pablo Adrián

Matés Guillermo Alejandro

Barrios Enrique Horacio

Andrea Francolini

Silvio Palmerola

José Alberto Fornasari

María Ana Galli

María Josefina Paredes

Pedro Arturo Berbauwede

Carlos Raponi

Gustavo Bordet

Cristina Alfredo Lasco

Del Río Guillermo

Andrich Joaquín

Lafourcade María Paz

Lafourcade Celia Olga

Juan Bautista Pedroni

Luis Gini”.

Yedro y Aramberry dijeron también que pretenden incorporar planos, escrituras y otros documentos que constituyen el legajo realizado en Concordia por el fiscal José Arias. Y enumeraron 29 escrituras de compraventa:

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (2010). Transacción entre Mena y Benchoa.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (2010). Transacción entre Mena y Pasccuhielo.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (2010). Transacción entre Mena y Benchoa.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-6-2010). Transacción entre Mena y Matés.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-6-2010). Compraventa entre Mena y Ferreyra.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-6-2010). Transacción entre Mena a María Delfina

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (17-6-2010). Transacción entre Mena y Roque Ramos.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (17-6-2010). Transacción entre Mena y Guillermo Liberatori.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (17-6-2010). Transacción entre Mena y Silvio Palmerola.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (18-6-2010). Transacción entre Mena y Rogero.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (23-6-2010). Compraventa entre Mena y Fornasari.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (12-7-2010). Compraventa entre Mena y Ana Galli.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-7-2010). Compraventa entre Mena y Josefina Paredes.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (3-8-2010). Transacción entre Mena y Ramos María Laura.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (4-8-2010). Transacción entre Mena y Pedro Suare.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (13-8-2010). Transacción entre Mena y Bervaweder.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (23-8-2010). Transacción entre Mena y Paredes.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-9-2010). Transacción entre Mena y Raúl Horacio Devoto.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (28-10-2010). Transacción entre Mena a Gustavo Leonardeli.

Escritura de compraventa entre Mena y Mouliá (8-6-2011)

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (25-10-2010). Transacción entre Mena y Bordet.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (3-5-2013). Transacción entre Mena y Zulma Patricia Torres.

Escritura de compraventa entre Beckman y Guillermo del Río (12-8-2010).

Escritura de compraventa entre Beckman y Raponi (23-8-10).

Escritura de compraventa entre Beckman y Andrich (15-10-10).

Escritura de compraventa entre Beckman y Paz Laforucade (6-1-12).

Escritura de compraventa entre Beckman y Laforucade (6-1-12).

Escritura de compraventa entre Beckman y Lafourcade (4-1-15).

Escritura de compraventa entre Beckman y Franton (12-6-17).

Los fiscales sugirieron también que se incorporen recibos de dinero ante escribanas, y las testimoniales de Evelin Dalinger de Catastro de Municipalidad de Concordia; Ignacio del Valle, subsecretario Legal y Técnico de Municipalidad para que informe sobre obras de pavimentación, cordón-cuneta y otras mejoras en loteo de calles Espejo, Chajarí, Av. San Lorenzo y Victorino Simón. Se ofrecieron, además, folios reales del Registro de la Propiedad.

Oposición

A la incorporación de la prueba se opuso el defensor Leopoldo Lambruschini con tres argumentos: la prueba (legajo de Concordia) no guarda relación con el objeto procesal de la causa contratos que está en etapa de remisión a juicio; lo que pretende probar el MPF es “irrelevante” porque el delito de peculado no requiere la acreditación de uso del dinero sustraído; y por último dijo que hay un problema procesal de non bis in ídem porque “esta causa inicia con el doctor Arias. Pero la Justicia competente es la Federal bajo la calificación de lavado de activos. Si incorporamos esta prueba a este proceso, estamos asignando esa relevancia jurídica a estos hechos en este proceso. Eso implica avanzar sobre una materia sometida en otra jurisdicción, e impide en cuanto recepta doble condena y doble persecución”.

A su oposición adhirió el abogado José Velázquez y agregó que “la causa que se investigó en Concordia fue archivada”. Y adhirió Miguel Cullen.
Fiscalía de Estado desistió de un ofrecimiento.

Por último, el actor civil Tulio Kamlofsky ofreció realizar una pericia por parte del Tribunal de Cuentas (TdC). La idea era aportar un nuevo análisis que “determine los montos individuales de los contratos, el monto global, el origen y proveniencia de los montos para atender las contrataciones, que actualice sumas, que conecte información y establezca si existió perjuicio derivado de las contrataciones. Y de ser posible identifique a los responsables”.

Todos los defensores rechazaron el ofrecimiento, incluso la Fiscalía. Finalmente, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes que se presentó en la audiencia, desistió del ofrecimiento.

El ofrecimiento de prueba de la acusación pública se agotó este viernes. La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, tomará una decisión al final de la etapa sobre la propuesta de los fiscales, las oposiciones y las reservas de los defensores.

Desde el martes que viene, según lo previsto, será el momento de los abogados para pedir la incorporación de evidencia que sirve al ejercicio de las defensas.

Causa

En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.

La instancia de elevación a juicio comenzó en abril de 2025 y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Hugo González Elías, ambos representan a Jorge De Breuil. Miguel Cullen, por su parte, defiende a los imputados Gustavo Hernán Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.

De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.

A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.Fuente: Análisis Digital

ENTRE RÍOS Y EL PELIGROSO MENSAJE DE LOS JUICIOS ABREVIADOS EN CAUSAS DE CORRUPCIÓN

En Entre Ríos, la llamada “Causa Contratos” dejó de ser solamente un expediente judicial. Hace tiempo se transformó en un símbolo. Un símbolo de cómo durante años el Estado pudo haber sido utilizado como una estructura de extracción de dinero público mientras la política miraba hacia otro lado, la Justicia avanzaba lentamente y gran parte de la sociedad asistía resignada a un espectáculo repetido: el de la impunidad administrada.

Lo más preocupante ya no es únicamente la magnitud del presunto desfalco. Lo verdaderamente alarmante es el mensaje institucional que podría quedar instalado si la mayor causa de corrupción de la provincia termina resolviéndose, en gran parte, mediante juicios abreviados y acuerdos que dejan afuera a actores clave del entramado político y económico.

El juicio abreviado, técnicamente, es una herramienta legal válida. Existe en el sistema penal argentino para acelerar procesos y evitar juicios extensos. Pero cuando se aplica de manera masiva en delitos de corrupción estructural, aparece inevitablemente una pregunta incómoda: ¿la Justicia busca llegar a la verdad completa o simplemente cerrar expedientes?

Porque el sentido común indica algo elemental: quien acepta un juicio abreviado reconoce responsabilidad penal. Entonces, si hubo reconocimiento del delito, ¿por qué la sensación social es que muchos “la sacan barata”?

En delitos comunes, el peso de la ley suele caer con rapidez sobre el ciudadano común. Pero cuando se trata de corrupción política, aparecen negociaciones, reducciones de pena, demoras interminables y estrategias defensivas destinadas no tanto a esclarecer los hechos sino a limitar daños patrimoniales y políticos.

Y allí emerge otro punto sensible de la causa: el intento de excluir del proceso a esposas o cónyuges de varios imputados. Una discusión que, más allá de los tecnicismos jurídicos, genera un enorme ruido social. Resulta difícil para gran parte de la ciudadanía creer que durante años circularan sumas millonarias, propiedades, movimientos económicos y estructuras de enriquecimiento sin que los entornos familiares conocieran absolutamente nada.

La sociedad entrerriana observa cómo se discute quién queda adentro y quién queda afuera del juicio mientras todavía persiste una pregunta central: ¿quiénes fueron realmente los beneficiarios finales del sistema?

Porque si la “Causa Contratos” fue —como sostienen investigadores y fiscales— una de las maniobras más grandes contra el erario público provincial, cuesta creer que semejante estructura pudiera funcionar sin cobertura política, administrativa y legislativa de alto nivel.

Y allí aparecen inevitablemente nombres pesados de la política entrerriana. Durante años gobernaron la provincia dirigentes con enorme concentración de poder político y control del aparato estatal. Resulta, cuanto menos, difícil imaginar que figuras de enorme centralidad institucional desconocieran completamente lo que ocurría en distintas áreas del Estado.

La discusión pública no pasa únicamente por determinar responsabilidades penales individuales. También gira alrededor de las responsabilidades políticas y morales de quienes condujeron la provincia mientras se desarrollaban estas maniobras.

El problema de fondo es que Entre Ríos parece atrapada en un modelo donde las causas de corrupción nunca terminan de llegar al corazón del poder. Siempre aparecen “fusibles”, intermediarios, operadores administrativos o figuras secundarias. Pero rara vez se avanza con la misma intensidad sobre quienes diseñaron, permitieron o protegieron los mecanismos estructurales de saqueo.

Y mientras tanto, el tiempo judicial corre a favor de los acusados.

La lentitud de la Justicia termina funcionando como otra forma de desgaste social. Los años pasan, los expedientes envejecen, la indignación pública se diluye y la sensación de impunidad crece. El ciudadano común termina convencido de que existen dos sistemas: uno duro y veloz para el vecino común y otro lento, negociable y flexible para la dirigencia política.

El caso del ex diputado provincial José Allende también dejó interrogantes abiertos. Primero aceptó un juicio abreviado y luego esa posibilidad retrocedió en medio de versiones, especulaciones y sospechas políticas jamás aclaradas del todo. Como suele ocurrir en Entre Ríos, abundan las versiones, los rumores y los comentarios de pasillo, pero escasean las explicaciones contundentes que devuelvan credibilidad institucional.

Lo más peligroso de todo esto no es solamente el daño económico provocado al Estado. Lo verdaderamente grave es el precedente cultural que queda instalado.

Si un funcionario observa que, después de años de investigación, demoras judiciales y negociaciones, las consecuencias reales terminan siendo relativamente leves, el mensaje implícito es devastador: la corrupción puede valer la pena.

Ese es el verdadero riesgo institucional que enfrenta Entre Ríos.

Porque cuando la sociedad deja de creer en la Justicia, cuando percibe que el poder político siempre encuentra mecanismos para protegerse, aparece el descreimiento democrático, la apatía social y el enojo ciudadano que luego termina canalizándose en extremos políticos o discursos antisistema.

La “Causa Contratos” todavía puede transformarse en un punto de inflexión histórico para la provincia. Pero para eso no alcanza con condenas parciales ni acuerdos procesales rápidos. La sociedad necesita saber quiénes fueron los responsables reales, cómo operó el sistema, quiénes se beneficiaron y hasta dónde llegaba la red de protección política.

De lo contrario, Entre Ríos corre el riesgo de confirmar una vez más la peor de las sospechas populares: que en la Argentina el poder nunca cae completo, apenas sacrifica algunas piezas para garantizar la supervivencia del sistema.

FUERTE OPERATIVO EN LA VIA PUBLICA EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD

Dos detenidos y secuestro de cocaína lista para la venta

En la fecha, Personal y Móviles de la diferentes áreas de la Jefatura Departamental Concordia en horas de la tarde dieron inicio a un Operativo Preventivo Saturación en diferentes Barrios siendo Villa Busti, El Sol, San Agustín-Torojal, María Goretti, Ex Molino, Gruta de Lourdes y Ex Aero Club.
Durante el Operativo procedieron a la identificación de 21 personas identificadas en la vía pública, tres motocicletas controladas.
Asimimos durante el Operativo en Inmediaciones de calles N. Garat y Maipú, Efectivos Policiales proceden a identificar a dos sujetos y uno de ellos al salir del interior de un kiosco se descarta de un efecto, siendo reducido por Personal Motorizado, tratándose de una media la que en su interior contenía 18 dosis de Clorhidrato de Cocaína lista para su venta.


El Fiscal Dr. Tscherning Tomas dispone la Aprehensión del sujeto por Tenencia de Estupefacientes para fines de Comercializacion y la correcta identificación del otro masculino.
Siguiendo el Operativo, en calles Chile y Pueyrredón, al identificar a un hombre que se encontraba con unos recortes de nylon a su alrededor, notaron que el sujeto presentó una actitud nerviosa al proceder al palpado de armas, ante ellos el Fiscal Dr. Tscherning dispone, previo a relato del procedimiento, tramita una Orden de requisa personal.
Dando cumplimiento a diligencia judicial otorgada por el Juez de Garantías Dr. Bastian Edwin, hallan en su bolsillo izquierdo un total de ocho envoltorios de Nylon con sustancia Clorhidrato de Cocaina.
Culminando el procedimiento el Fiscal Dr. Tscherning dispuso la correcta identificación del masculino en cuestión.

El fiscal que batalló por la Anticorrupción ahora no concursa

El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos reactivó el concurso para cubrir los cargos en la Fiscalía Anticorrupción, paralizado en 2023 por una acción judicial que entabló el fiscal de Concordia José Arias que, llamativamente, en esta segunda convocatoria no concursa y será jurado.

El 19 de diciembre último, el Consejo de la Magistratura había reactivado de todos los concursos que se encontraban suspendidos, tras la reglamentación de la Ley Nº 11.227 por parte del Poder Ejecutivo mediante el decreto Nº 3.814, lo que permitió superar la paralización generada por la normativa anterior. Esa norma reformó el Consejo de la Magistratura.

En aquella reunión del Consejo de la Magistratura se aprobó el temario para iniciar los concursos de Defensores Penales con competencia especial en Niños, Niñas y Adolescentes, y también un nuevo temario para los concursos de la Fiscalía Anticorrupción, luego de que los anteriores fueran anulados por irregularidades denunciadas hace dos años.

Estas decisiones habilitaon el inicio de los sorteos públicos, la convocatoria de jurados y poder avanzar en la regularización de la cobertura de vacantes pendientes.

Entre los concursos se encuentran las convocatorias para cubrir un cargo de fiscal anticorrupción y dos cargos de fiscal anticorrupción adjunto, así como un cargo de fiscal auxiliar, con asiento en las ciudades de Paraná y Concordia.

Concurso Nº 292: un (1) cargo de fiscal anticorrupción con asiento en Paraná.

Concurso Nº 293: un (1) cargo de fiscal anticorrupción adjunto con asiento en Paraná.

Concurso N° 294: un (1) cargo de fiscal anticorrupción adjunto con asiento en Concordia.

Concurso N° 295: un (1) cargo de fiscal auxiliar con asiento en Paraná.

Concurso N° 296: un (1) cargo de defensor público con competencia Multifuero de la ciudad de Chajarí.

Concurso N° 297: un (1) cargo de defensor público con competencia Multifuero de la ciudad de Victoria.

Concurso N° 298: un (1) cargo de defensor público con competencia Multifuero de la ciudad de Nogoyá.

Concurso N° 299: un (1) cargo de defensor público con competencia Multifuero de la ciudad de Federal.

Segunda vuelta

En septiembre de 2023, y en virtud de la acción de amparo que había presentado en la Justicia uno de los postulantes a cubrir el cargo en la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal de Concordia José Arias -que en primera instancia tuvo acogida favorable por parte del juez civil Ángel Moia- el Consejo de la Magistratura oficializó la suspensión de los concursos convocados para cubrir cargos en la Fiscalía Anticorrupción.

Ahora, reactivados esos concursos, la novedad que se conoció este jueves 29 es que el próximo viernes 6 de brero, a las 9,30, en el Museo de Casa de Gobierno, se realizará en acto público el sorteo de los Jurados Técnicos que intervendrán en los Concursos tendientes a cubrir un cargo de Fiscal Anticorrupción con asiento en la ciudad de Paraná, un cargo de Fiscal Anticorrupción Adjunto con asiento en la ciudad de Paraná, un cargo de Fiscal Anticorrupción Adjunto con asiento en la ciudad de Concordia y un cargo de Fiscal Auxiliar con asiento en la ciudad de Paraná.

Como había informado Entre Ríos Ahora, en marzo de 2025 el Gobierno declaró la «nulidad absoluta» de los concursos realizados para cubrir los cargos de Fiscal Anticorrupción y sus adjuntos, debido a «graves irregularidades en el proceso», por lo cual el trámite deberá reiniciarse.

La decisión fue formalizada a través del Decreto N° 349/2025, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, que determinó que los concursos, que tramitaban en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, presentaron «serias violaciones a la normativa vigente», poniendo en riesgo la «transparencia» del procedimiento.

Entre las principales irregularidades que motivaron la anulación del proceso se encuentran sorteos de jurados irregulares, realizados en ámbitos cerrados del Consejo de la Magistratura, sin público presente ni notificación a los demás integrantes del organismo, violando la normativa que exige que estos actos sean públicos.  Además, la modificación indebida de requisitos, se cambió la especialidad que debían tener los jurados, incorporando el Derecho Administrativo, cuando el reglamento establecía que debían ser exclusivamente especialistas en Derecho Penal.  Por otro lado, falta de tratamiento de reclamos, donde el Consejo de la Magistratura desestimó planteos realizados por concursantes, argumentando que algunas denuncias se habían presentado por correo electrónico.

La pelea por esos concursos la encabezó el fiscal José Arias, de la Unidad Fiscal de Concordia, que fue uno de los postulantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción, que llevó el caso a la Justicia, con un primer dictamen favorable y luego un revés.

En noviembre de 2023, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), con el voto de los vocales Daniel Carubia, Gisela Schumacher y Leonardo Portela, volteó la resolución judicial que había hecho lugar, en septiembre de ese año, a un amparo presentado por el fiscal José Emiliano Arias, de la Unidad Fiscal de Concordia y uno de los postulantes a cubrir la Fiscalía Anticorrupción. La decisión del juez civil y comercial Nº 9 Ángel Moia, que frenó el concurso para Fiscalía Anticorrupción, fue revocada por el máximo tribunal al hacer lugar el STJ a la apelación presentada por la Fiscalía de Estado.

En su escrito, Fiscalía de Estado señaló que la decisión del juez Moia al declarar la invalidez de las resoluciones 1311 y 1312 del Consejo de la Magistratura «no tuvo correlato con la pretensión del actor, quien solicitó se dejen sin efecto las resoluciones atacadas, se ordene la renovación de tales actos administrativos y la suspensión del proceso del concurso hasta que se regularicen los mismos». Cuestionó también «la ausencia de fundamentación respecto a los elementos viciados del acto administrativo para declarar su invalidez y la alusión genérica realizada a la ´lucha contra la corrupción´ y la `transparencia`, sin explicar cuáles serían en concreto los actos sospechosos de vulnerar esos bienes jurídicos, volviendo arbitraria la decisión».

La Fiscalía agregó que el juez tampoco trató la cuestión vinculada a la improponibilidad subjetiva de la acción, porque ignoró que la pretensión actoral afectaba los derechos de los demás postulantes inscriptos en los Concursos Públicos N.º 285, 286, 287 y 288. Adujo que se comprometieron los derechos de terceros no demandados en la causa sin que se les diera algún tipo de intervención en el proceso.

En cambio, el Procurador General de la Provincia Jorge Amílcar Luciano García dictaminó en contrario y opinó que la sentencia de Moia debía ser confirmada.

En su voto, el vocal Leonardo Portela, que postuló revocar la sentencia de Moia, sostuvo que «es importante señalar que el doctor Arias ha cuestionado el sistema en sí mismo, ya que esgrime como argumento que se trata de un procedimiento que no asegura en su evaluación la comprobación de idoneidad requerida para el acceso a la función pública y establece un sistema de examen mediante un banco de casos que no alcanza el estándar mínimo de exigencia. De tal modo, es evidente que la disputa no puede zanjarse mediante la vía del amparo, ya que la crítica se dirige al mecanismo implementado por el legislador en la Ley 11.003, cuestión de gravedad institucional cuyo análisis no puede llevarse a cabo seriamente en un proceso de este tipo».

Portela entendió que «no considero que sea necesario detenerse en el análisis de los supuestos de procedencia, ya que la acción no logra sortear el mencionado de admisibilidad. Corresponde entonces hacer lugar al recurso interpuesto por la demandada, revocar el fallo atacado y rechazar la acción de amparo».

Los pasos para retomar el proceso de concurso para cubrir el Consejo de la Magistratura quedan, aún con el fallo del STJ, en un cono de sombras. «No creo que pueda darse en esta gestión el nombramiento de un Fiscal Anticorrupción -expresó una fuente del Ejecutivo-. No dan los tiempso».

La pelea de fondo

En septiembre último, la Justicia le había dado una buena al fiscal José Emiliano Arias: hizo lugar al recurso de amparo presentado por uno de los postulantes para ocupar cargo en la Fiscalía Anticorrupción. La resolución favorable fue firmada por el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 9, Ángel Moia, que desarmó la estrategia del Gobierno y del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos que había buscado apurar la designación de esos cargos en el actual período de gobierno. Arias declaró «la invalidez» de dos resoluciones del Consejo de la Magistratura que dieron vía libre al concurso para la Fiscalía Anticorrupción al aprobar las modificaciones al banco de casos.

Conocida la resolución judicial, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes anunció que el Gobierno apelaría la medida ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). En el máximo tribunal no prosperó una acción de Arias que pretendió recusar a todos los supremos.

El juez Arias entendió que no se respetó la reglamentación del Consejo en la aprobación de las actas que derivaron en la ampliación del banco de casos con los cuales concursarán los postulantes al momento que se concrete el concurso. «La reglamentación vigente es clara en cuanto a la exclusividad del tratamiento de temas incluidos en el orden del día previamente publicitado. Así, el art. 4 del Reglamento General del Consejo establece que `las reuniones del Consejo serán públicas, salvo que su Presidente o la mayoría absoluta del cuerpo resuelva lo contrario respecto de todos o algunos puntos de los temas a tratar. Deberán respetar el orden del día, que será confeccionado por el Secretario General y aprobado por el Presidente. El temario se hará conocer a los integrantes del organismo con una antelación de, por lo menos, 48 horas a la fijada como fecha de reunión. Cualquier integrante del Consejo podrá solicitar la inclusión de puntos en el orden del día o la alteración del temario fijado, pero su tratamiento requerirá del voto de la mayoría absoluta de los presentes`. De las actas acompañadas surge que el tema fue propuesto sobre el final de la reunión, debatiéndose sobre la existencia de un acto aprobatorio. Mientras el Presidente del organismo suponía que se había aprobado por imperio del silencio traducido en la falta de impugnaciones y su publicación, otros consejeros consideraron que esto no resultaba suficiente».

El fiscal José Emiliano Arias, de la Unidad Fiscal de Concordia, uno de los postulantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción, acudió con un recurso de amparo ante el juez Civil y Comercial Nº 9, de Paraná, Ángel Moia, con el agregado de una medida cautelar que busca frenar el proceso del concurso de la Fiscalía Anticorrupción.

Arias acudió a la vía judicial cuando no encontró respuesta a su pedido de suspensión del proceso del concurso por parte del Consejo de la Magistratura, organismo al que requirió que se aplace el trámite «en virtud de la irregular conformación y ausencia de aprobación del banco de casos (Res. 1311) y aprueba el mismo banco de casos (Res. 1312), dejándola sin efecto por su manifiesta ilegalidad, ordenando la renovación de tales actos administrativos y la suspensión del proceso de concurso hasta que se regularicen los mismos». Así, le pidió al juez que ordene la suspensión de la instancia de oposición de los días 18, 19 y 20, a través de una medida cautelar.

En ese marco, este miércoles el juez dispuso que el Poder Ejecutivo «en el término de 7 días informe sobre la exactitud de los hechos que motivaron la pretensión y en caso afirmativo la razón en que fundan dicha actitud -haciéndole saber que es la oportunidad para contestar la demanda y para ser oído».

Respecto de la medida cautelar, el magistrado otorgó un plazo de 24 horas al Consejo de la Magistratura para que «informe integración consignando los miembros titulares y suplentes» del organismo, «y al momento de celebrarse las sesiones de fecha 04.09.23 y 08.09.23), consignando las resoluciones que habilitaron su participación en cada caso; y que remita la siguiente documentación: 1.- Acta de Sesión del Pleno del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos del 04/09/23; 2.- Acta de Sesión del Pleno del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos del 08/09/23; 3.- Constancia de convocatoria (con orden del día) a Sesión Extraordinaria para el día 08/09/23; 4. Nota presentada por el Consejero Juan Pablo Filipuzzi el día 12/9/23 a las 8,30 hs. en relación con las resoluciones 1311 y 1312 del Consejo de la Magistratura, y las medidas consecuentes que se hubieran tomado, librándose por Secretaría el oficio de rigor y diligenciándose en los correos electrónicos denunciados».

EN MEDIOS NACIONALES: El lujoso imperio oculto en Entre Ríos que acorrala a Gustavo Bordet en la Justicia

Casas en countries termales declaradas a precio de ganga, sospechosos fideicomisos “de pozo”, misteriosas sociedades offshore y una frenética agenda de vuelos chárter privados al exterior configuran la investigación por enriquecimiento ilícito que desarma el relato del dos veces gobernador de Entre Ríos.

El patrimonio del actual diputado nacional por Entre Ríos y dos veces gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, se encuentra bajo una severa y detallada lupa judicial.

Lo que comenzó como una denuncia impulsada por un particular en el inicio de 2024, tras la publicación de sus bienes al asumir su banca legislativa en diciembre de 2023, ha escalado hasta convertirse en una investigación penal formal por presunto enriquecimiento ilícito.

El proceso, capitaneado por el fiscal de Concordia, José Arias, desnuda una profunda brecha entre los valores fiscales que el exmandatario consignó en sus declaraciones juradas y los costos reales de mercado del sector inmobiliario, de la construcción y de un nivel de vida de alta gama que no condice con sus ingresos declarados.

La tensión institucional alcanzó su punto más álgido recientemente, a inicios de mayo de 2026, cuando la Justicia y la Policía de Entre Ríos ejecutaron una serie de procedimientos de constatación en las propiedades del exgobernador en la ciudad de Concordia (incluyendo su residencia habitual de la calle Urquiza y una lujosa casa de campo en un country termal), sumado a un operativo previo en el domicilio de su hija en Paraná.

Aunque Bordet y su esposa, la diputada provincial Mariel Ávila, optaron por no refugiarse en sus fueros legislativos y entregaron sus teléfonos celulares de forma voluntaria, los datos que sustentan las sospechas de la fiscalía exigen un minucioso análisis crítico sobre la transparencia de la máxima autoridad entrerriana durante la última década.

Las inconsistencias en el valor de la tierra

El corazón de la acusación judicial radica en la presunta subvaluación sistemática de bienes raíces. La fiscalía ha contrastado los documentos presentados ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción con testimonios de corredores inmobiliarios y compradores de la zona, detectando desfasajes económicos difíciles de justificar mediante la simple devaluación monetaria.

Uno de los puntos más cuestionados se remonta a julio de 2011, cuando Bordet, desempeñándose como intendente de Concordia, adquirió un terreno de 500 metros cuadrados en el Loteo Mena y Beckman.

En su presentación formal, el exgobernador declaró haber abonado un valor equivalente a 12,40 dólares por metro cuadrado (unos 25 mil pesos de la época por un total de 483 metros cuadrados).

Sin embargo, la investigación judicial corroboró que el precio mínimo de base en dicho loteo promediaba los 48 dólares por metro cuadrado, llegando a superar los 65 dólares en parcelas idénticas.

Para la fiscalía, la declaración de Bordet colisiona de frente con la realidad del mercado: un testigo civil que adquirió un lote lindero de las mismas características declaró ante la justicia haber pagado 32 mil dólares, exponiendo una maniobra para ocultar el verdadero flujo de divisas.

Esta metodología de tasación sospechosamente baja se habría repetido años más tarde en complejos de alta gama. En el exclusivo barrio cerrado Village Termal, un loteo residencial con acceso directo a aguas termales en Concordia, los terrenos de entre 850 y 1300 metros cuadrados se comercializaban a un valor de mercado de entre 60 y 80 dólares el metro cuadrado.

Bordet declaró que por el Lote 2 de ese predio, adquirido en el año 2021 y con una extensión de 1.183 metros cuadrados, pagó la suma de 7500 dólares (un promedio de 6,35 dólares por metro cuadrado).

El Ministerio Público Fiscal calificó esta cifra en sus dictámenes de mayo de 2026 como “francamente irreal”, señalando que el valor real de mercado de los dos lotes acumulados por el legislador en ese country termal se aproxima en la actualidad a los 200 mil dólares.

El costo oculto del metro cuadrado construido

La sospecha de enriquecimiento ilícito no se detiene en la adquisición del suelo, sino que se agrava de forma exponencial al auditar las mejoras y las construcciones edilicias.

El caso paradigmático dentro del expediente judicial es la edificación de la finca de campo o “quinta” de la familia Bordet en el Village Termal, una estructura que cuenta con una superficie cubierta de 409,18 metros cuadrados.

Al sumar el valor de los terrenos y las obras efectuadas en el lugar, el diputado nacional declaró una inversión total consolidada de poco más de 4 millones de pesos.

Sin embargo, los peritajes y las consultas técnicas arrojaron un escenario completamente distinto. De acuerdo con los índices oficiales provistos por el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, el costo mínimo de construcción para una vivienda de categoría tipo “country” a enero de 2019 se ubicaba en 38.844 pesos por metro cuadrado.

Al multiplicar este parámetro básico por las dimensiones reales de la propiedad, la fiscalía determinó una brecha del 330 por ciento entre el monto blanqueado ante el fisco y el costo oculto de la edificación, configurando lo que el fiscal Arias define como una maniobra patente de subvaluación para encubrir la inyección de fondos de origen desconocido.

El mismo patrón de desvíos porcentuales se observa en las inversiones inmobiliarias denominadas “de pozo” en la localidad de Concordia. Respecto al Edificio San Juan, Bordet declaró un desembolso inicial de 22.688 dólares; no obstante, la justicia citó a declarar al arquitecto responsable de la obra, quien ratificó que el costo real final por las dimensiones adquiridas fue de 29.511 dólares (lo que representa un 30 por ciento de valor no declarado).

En tanto, en el Edificio Catamarca, el exgobernador notificó ante la AFIP una inversión de 83.051 pesos (equivalentes a 26.373 dólares de ese momento), pero el cruzamiento de datos bancarios permitió el secuestro de los recibos reales de sus aportes al fideicomiso, los cuales sumaban 105.624 pesos (33.542 dólares), dejando al descubierto otra diferencia neta del 35 por ciento que omitió informar a los organismos de control.

Destinos VIP: vuelos chárter, destinos de lujo y gastos millonarios

Más allá de los ladrillos y la tierra, la justicia entrerriana avanza con paso firme sobre un flanco que expone de forma brutal las contradicciones de la retórica oficial: la frenética agenda de viajes al exterior realizados por Gustavo Bordet y su entorno íntimo.

La fiscalía ha logrado consolidar un pormenorizado registro migratorio que expone decenas de salidas del país orientadas hacia destinos paradisíacos de Europa, el Caribe, Estados Unidos y cruces recurrentes a la República Oriental del Uruguay, acumulando estadías que superan de forma holgada los seis meses fuera de la Argentina.

Lo que verdaderamente encendió las alarmas de los investigadores es la modalidad de contratación de estos traslados y el origen de los fondos para costearlos. El expediente penal bajo la lupa del fiscal José Arias detalla la utilización sistemática de vuelos privados y servicios de chárter VIP para los traslados de la familia del exmandatario.

Estos vuelos especiales, cuyos costos operativos se tasan en miles de dólares por hora de vuelo y exigen pagos al contado o transferencias desde cuentas de alta gama, contrastan de forma flagrante con los ingresos consolidados que un funcionario público percibe en la administración del Estado.

Para la justicia, el flujo de dinero invertido en estas travesías aéreas exclusivas delinea la existencia de un patrimonio en las sombras que nunca pasó por los registros de los organismos de control.

La opulencia de estos periplos internacionales no solo se limitó al transporte, sino al astronómico nivel de vida desplegado en destino. Hospedajes en cadenas hoteleras de cinco estrellas, consumos suntuosos y compras de bienes de lujo configuran un cuadro de gastos millonarios en moneda extranjera.

Al intentar justificar estos movimientos bajo el amparo de servicios financieros, la defensa técnica del exgobernador sufrió un duro revés.

La firma American Express remitió un informe oficial a la causa penal negando de forma tajante la existencia de tarjetas de crédito emitidas a nivel local a nombre de Gustavo Bordet.

El dictamen fiscal de mayo de 2026 infiere textualmente que semejante nivel de gasto solo pudo sostenerse mediante el uso de cuentas y plásticos emitidos por personas jurídicas en el extranjero, robusteciendo la hipótesis penal de que el diputado opera como beneficiario final de sociedades comerciales “offshore” radicadas fuera del país para canalizar fondos de origen ilícito.

La defensa oficial y el contraataque político

Frente al avance de las pericias de la fiscalía y el impacto público de los operativos policiales en sus propiedades de Concordia, Gustavo Bordet ha ensayado una estrategia defensiva bifronte, combinando argumentos técnicos de ajuste contable con denuncias de persecución política.

El ex gobernador insiste en que no posee bienes en el exterior, que carece de vinculación con sociedades irregulares y que toda la evolución de su patrimonio fue debidamente reportada a través de las declaraciones juradas resguardadas en la Contaduría General de la Provincia, cuya apertura solicitó de manera espontánea.

La narrativa de Bordet y su entorno técnico argumenta que las diferencias detectadas por el fiscal José Arias obedecen a distorsiones propias de los procesos inflacionarios del país y a los criterios técnicos de valuación fiscal versus valores de mercado.

Asimismo, como justificación de parte de sus ingresos, el legislador presentó documentación referida a una operación comercial efectuada por su hija, Florencia Bordet, quien el 31 de octubre de 2019 vendió un departamento de 33 metros cuadrados ubicado en la calle España al 1700, en la ciudad de Rosario, por un monto de 65 mil dólares; fondos que, según la defensa, sirvieron para apalancar inversiones familiares.

En el plano institucional, la estrategia de Bordet se ha centrado en desacreditar la imparcialidad del fiscal de la causa. El ex mandatario apuntó con duras críticas hacia Arias, señalando que el funcionario judicial arrastra antecedentes de apartamiento por falta de objetividad en causas de corrupción que involucran a otros dirigentes de la provincia de Entre Ríos.

Según el descargo público del diputado, la causa penal (que ya lleva más de dos años de tramitación) carece de elementos probatorios reales y busca estirar los tiempos procesales con el único fin de infligir un castigo mediático y erosionar su capital político en el armado opositor nacional.

ENTRE RÍOS Y CONEXIÓN CORRIENTES: CAYÓ UN PELIGROSO CAPO NARCO TRAS UNA PERSECUCIÓN DE PELÍCULA Y UN SECUESTRO MILLONARIO DE COCAÍNA

Un control vial de rutina en el departamento Feliciano derivó en un megaoperativo policial. El principal detenido es Carlos Manuel Fiordellino, uno de los prófugos más buscados del país. Secuestraron más de 260 kilos de máxima pureza, valuados en 5.000 millones de pesos, y ya se realizan allanamientos en Corrientes.

​Un control vehicular preventivo de la Policía de Entre Ríos terminó convirtiéndose en uno de los golpes más importantes de los últimos años contra el narcotráfico en la región. El procedimiento, que incluyó una cinematográfica persecución por las rutas entrerrianas, culminó con la captura de un peligroso narco santafesino que supo integrar la lista de los diez prófugos más buscados de la Argentina.

​El operativo se inició en las inmediaciones del Puesto de Control Vial “Puente de Hierro”, sobre la Ruta Provincial N.º 28, en el norte entrerriano. Allí, los uniformados intentaron detener la marcha de un lujoso automóvil Mercedes Benz para identificar a sus ocupantes. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las señas de los efectivos, aceleró a fondo y emprendió una violenta huida.

​La fuga obligó a desplegar de inmediato un amplio operativo cerrojo en el que intervinieron distintas dependencias policiales del departamento. Tras recorrer varios kilómetros a alta velocidad, el vehículo fue interceptado y cercado por las patrullas en un estado crítico: circulaba con una de sus ruedas delanteras completamente destruida, apoyada directamente sobre la llanta.

Los detenidos y un frondoso prontuario

​En el interior del rodado viajaban dos hombres que quedaron inmediatamente incomunicados. Fueron identificados como Benjamín Ariel Maciel y Carlos Manuel Fiordellino, de 53 años. Este último es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad federales, poseedor de un extenso historial criminal con más de 40 causas judiciales por narcotráfico, tenencia ilegal de armas y uso de documentación falsa. Fiordellino se encontraba prófugo tras haberse escapado de una dependencia policial de la ciudad de Rosario.

​En la requisa inicial del habitáculo, los efectivos secuestraron dosis menores de marihuana y cocaína, teléfonos celulares y unos 300 mil pesos en efectivo. Sin embargo, el verdadero cargamento estaba oculto en la ruta del escape.

Un botín millonario en la banquina

​Sabiéndose acorralados durante la persecución, los sospechosos habían comenzado a arrojar bultos por las ventanillas. Ante esto, las autoridades ordenaron un exhaustivo rastrillaje en las banquinas y sectores linderos a la Ruta 28. Fue allí donde los investigadores hallaron varios bolsos y mochilas que contenían un total de 250 ladrillos compactos.

​Las pruebas químicas de laboratorio confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína de extrema pureza. El cargamento totalizó más de 260 kilos que, según estimaciones oficiales, tendrían un valor de mercado cercano a los 5.000 millones de pesos (unos cuatro millones de dólares).

​En posteriores rastreos en la zona del hallazgo de la droga, los policías también incautaron una pistola calibre 9 milímetros con sus respectivos cargadores y municiones, además de otro teléfono celular y un cuchillo. Desde las fuerzas aclararon que un fusil de asalto M4 calibre .223 que suele aparecer en los antecedentes fotográficos de Fiordellino pertenece a un procedimiento del año 2011 en Buenos Aires y no guarda relación con este operativo actual.

​La conexión con Corrientes

​La causa penal quedó radicada en el Juzgado Federal a cargo de la jueza Analía Ramponi, con la intervención del fiscal federal Francisco Bernhardt y el secretario penal Alan Bergdolt.

​Mientras los detenidos continúan bajo arresto y sin posibilidad de comunicarse, la investigación avanzó con fuerza hacia nuestra provincia. En las últimas horas se llevaron a cabo múltiples allanamientos en domicilios vinculados a los involucrados en la provincia de Corrientes. La clave de la causa está ahora en los peritajes tecnológicos sobre los teléfonos secuestrados, con los que se busca desarticular por completo la red logística, los contactos y los destinos de esta organización criminal con alcance nacional.

Fuente : TN Esquina

Las explicaciones de Bordet: el vínculo Arias-Azcué, el lote “Beckman-Mena”, los viajes, Village Termal y la omisión en una DDJJ

Las explicaciones de Bordet : El diputado nacional y exgobernador Gustavo Bordet ejerció este martes su derecho a réplica en el programa Despertá Con Nosotros, por Oíd Mortales Radio (fm de Concordia), luego de que un informe especial en El Entre Ríos revelara detalles de los avances en la investigación del Ministerio Público Fiscal en la causa judicial que tramita en los tribunales de Concordia por presunto enriquecimiento ilícito.

Bordet, en línea con declaraciones previas, calificó la causa como un relato mediático y político carente de pruebas sustanciales, defendiendo la licitud de su patrimonio y el de su familia.

El exmandatario detalló que sus bienes y viajes han sido debidamente declarados ante la AFIP y que muchas de las inconsistencias señaladas son simples errores administrativos o interpretaciones malintencionadas.

Sostuvo que la investigación es una persecución sistemática motivada por su posible relevancia electoral en Concordia.

Aunque negó que vaya a presentarse para disputar la intendencia, Bordet interpretó que la versión de que podía llegar a ser candidato disparó una operación para afectarlo, a la que atribuyó al vínculo de amistad entre el actual intendente Francisco Azcué y el Fiscal que lo investiga, José Emiliano Arias.

Según Bordet, el objetivo de Arias sería favorecer a Azcué al intentar remover a un competidor político de peso mediante el “desprestigio” y el “escarnio público”.

En otro tramo del diálogo por Oíd Mortales Radio, el exgobernador consideró que la postura crítica de Arias no es nueva, ya que el fiscal se habría opuesto sistemáticamente a su gestión cuando era gobernador, supuestamente porque no pudo concursar para la Fiscalía Anticorrupción.

En resumen, Bordet interpretó que el accionar del fiscal no es estrictamente judicial, sino que forma parte de una maniobra política para proteger y beneficiar a su excolega y amigo, el actual intendente Azcué.

No obstante, al ser consultado si está en sus planes recusar al fiscal, no ofreció una respuesta categórica. Dijo confiar en la Justicia y no descartó –aunque tampoco lo dio por hecho- recusar al fiscal por su falta de objetividad y animosidad personal.

¿Cómo explica la subvaluación de sus propiedades en Concordia?

El diputado nacional Gustavo Bordet ofreció varias explicaciones para defenderse de las acusaciones de subvaluación de sus inmuebles en Concordia, argumentando que las cifras del fiscal son especulaciones que no reflejan la realidad del mercado ni el contexto de las operaciones.

Sostuvo que sus propiedades están declaradas según los valores que establece la AFIP y no por montos que él decide arbitrariamente.

Qué dijo sobre los terrenos de Mena y Beckman

Bordet fue consultado expresamente por el terreno en Boulevard San Lorenzo, atribuido en principio a Mena y Beckman, ambos imputados en la Causa Contratos.

Contó que compró el terreno en 2011 por 6000 dólares cuando el barrio aún no estaba desarrollado y fue uno de primeros adquirentes. Y agregó que lo vendió cuatro años después (en 2015) por 9000 dólares, lo cual demuestra, según él, una relación lógica entre el precio de compra y de venta, sin haber obtenido un enriquecimiento ilícito.

Bordet rechazó las comparaciones con vecinos que pagaron valores mucho más altos (entre 48 y 65 dólares por metro cuadrado), argumentando que esos precios corresponden a épocas posteriores, cuando el barrio ya estaba consolidado.

Fue visible su preocupación por tomar distancia de los dos imputados en la Causa Contratos, Flavia Beckman y Hugo Mena.

Dijo que no sabía quién era el titular de la propiedad al momento de realizar la compra. Según su explicación, la operación se concretó a través de la escribana Mulia, quien firmó la escritura junto a él porque ella contaba con un poder general para vender.

Además, el exgobernador se preocupó por puntualizar que ya existió una investigación judicial relacionada con el tema de la operación de compra del lote de Mena y Beckman, pero la causa fue archivada por el propio fiscal Arias al no encontrarse ningún elemento incriminatorio.
En resumen, aseguró que no tuvo trato directo con los vendedores que están imputados en la Causa Contratos, sino que toda la gestión fue realizada a través de la escribana autorizada para tal fin.

Según Bordet, el Village Termal no es un barrio cerrado

Sobre la compra de lotes y la construcción de una casa en el Village Termal de Villa Zorraquín, Bordet comenzó por aclarar que, según él, no es un barrio cerrado.

Procuró visiblemente bajarle “el precio” al lugar, al asegurar que después de muchos años solo hay cuatro construcciones en un loteo de más de 60 lotes, debido a que el terreno es arenoso y presenta dificultades de construcción, describió.

Bordet precisó que el 90% de los otros propietarios del Village Termal declararon los mismos montos de compra que él, dato que, según el exgobernador, el fiscal omite en su investigación.

Cuestión con severidad que el fiscal se base –dijo- en la opinión de una inmobiliaria que nunca vendió terrenos en ese barrio para tasar el metro cuadrado en 60 dólares, calificándolo como un “disparate”.

Estimó que el valor total actual de la propiedad, incluyendo las mejoras terminadas en 2024 (como la piscina e instalaciones interiores), ronda los 180,000 dólares, lo cual considera acorde a la zona.

Finalmente, en relación a las subvaluaciones de propiedades, Bordet insistió en que las diferencias de valores son “opinables” y por ello ha solicitado una pericia técnica para comparar las tasaciones de la fiscalía con las de parte y así aclarar la situación patrimonial.

Los viajes, según Bordet

Gustavo Bordet dedicó varios minutos a explicar sus viajes al exterior. Comenzó por desacreditar el informe del fiscal José Arias, a quien le atribuyó haber considerado viajes familiares o personales a los que fueron en realidad oficiales.

Por caso, puntualizó que a México y Sudáfrica fue en misiones oficiales debidamente documentadas, y no de manera particular con asegura la investigación fiscal.

En el caso de Sudáfrica, lo definió como una misión técnica, de la –dijo- participaron otras figuras públicas y representantes institucionales que pueden dar fe, incluyendo al entonces intendente de Chajarí, el senador por el departamento de Concordia, personal del INTA y miembros de la Cámara de Exportadores de Citrus.

Respecto del viaje a México, explicó que ocurrió en 2013, durante su gestión como intendente, para participar de un encuentro interamericano de ciudades. Como prueba del carácter oficial dijo poseer fotografías y una distinción como “huésped distinguido” otorgada por el alcalde de la Ciudad de México.

Más allá de esos dos viajes puntuales, Bordet argumentó que la gran mayoría de los periplos por el exterior cuestionados por el fiscal fueron de carácter oficial y que los gastos se cubrían con viáticos en dólares regulados por instituciones como el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el gobierno provincial o la municipalidad de Concordia, lo que justifica que no hubiera registros de gastos con tarjetas de crédito personales.

Además, explicó que cuando realiza viajes particulares, prefiere utilizar dinero en efectivo para evitar el recargo del 35% de los impuestos argentinos, una práctica que consideró común entre los viajeros.

Cómo justificó el uso de dinero en efectivo en viajes

Gustavo Bordet dijo que el uso de dinero en efectivo en sus viajes personales obedeció principalmente a una estrategia de ahorro para evitar cargos impositivos adicionales.

Detalló que de esa manera evitó el recargo del 35%. O sea, no acostumbra usar tarjetas de crédito en el exterior porque estas conllevan un recargo del 35% por impuestos argentinos y al pagar en efectivo, evita este costo adicional.

En cuanto al origen de las divisas que usa para pagar en efectivo fuera del país, dijo que las obtuvo realizando operaciones de cambio de moneda que consideró completamente normales y habituales, similares a las que realiza cualquier persona que sale de vacaciones al extranjero, sin detallar si fueron operaciones en el mercado oficial o en el informal.

No obstante, más adelante aludió al “uso de ahorros declarados” para otros gastos vinculados a viajes, apelando a dólares billete que dijo tener ahorrados y debidamente declarados.
Por último, Bordet calificó como un “disparate” la conjetura del fiscal de que la falta de uso de tarjetas de crédito en sus estadías fuera del país implique la existencia de cuentas o sociedades no declaradas en el exterior, argumentando que simplemente prefiere el efectivo por una cuestión de costos.

Los viáticos de su esposa

Gustavo Bordet definió como falsa la acusación de que su esposa, Mariel Ávila, percibió viáticos indebidos, fundamentando su defensa en que ella desempeñaba un rol oficial dentro del gobierno provincial.

Explicó que su cónyuge fue funcionaria del gobierno de Entre Ríos desde el 15 de diciembre de 2015. Para ocupar ese rol, solicitó una adscripción desde el Consejo General de Educación hacia la secretaría privada de la Gobernación, donde trabajó en carácter de secretaria privada.

Señaló que ella lo acompañaba frecuentemente en los viajes debido a su función oficial y aseguró que los viáticos que ella percibía eran pagados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Al haber –según Bordet- un marco legal para la función de su esposa y los pagos, sostuvo que no existe ninguna hipótesis de peculado ni cobro de viáticos indebidos, argumentando que el fiscal utiliza este tema solo para confundir y desprestigiar su imagen.

El viaje a Estados Unidos cuando Entre Ríos emitió el bono en dólares

Otra aclaración de Gustavo Bordet se centró en los pasajes a Estados Unidos a los que hace referencia la fiscalía como abonados desde una no identificada corporación.

El exgobernador dijo que aquella visita al país del norte fue abonada por los bancos emisores encargados de la colocación del bono de deuda de la provincia.

Identificó a las entidades financieras como el Banco Francés, el Banco City y el Santander Río. Puntualizó que los viajes se realizaron entre finales de 2016 y principios de 2017 con el fin de realizar los llamados road shows en ciudades como norteamericanas para convencer a los inversores de prestar dinero a la provincia.

Según Bordet, el contrato firmado con dichos bancos especificaba que todos los gastos de traslado y alojamiento corrían por cuenta de las entidades emisoras, una práctica que calificó como habitual en este tipo de operaciones financieras.

Dicho esto, rechazó de plano la acusación del fiscal de que tenga sociedades ocultas (basada en el uso de la agencia Amex GBT), calificándola de “disparate” y asegurando que cuenta con el contrato y la documentación para demostrar el origen de los pagos.

Bordet enfatizó que este proceso de colocación de deuda es información pública y que incluso otros funcionarios participaron en reuniones en otras ciudades como Londres, Boston y Los Ángeles bajo las mismas condiciones.

Cómo justificó las transferencias de Franco Ferrari a su hija

Gustavo Bordet sostuvo que las transferencias de Franco Ferrari (quien fuera Secretario General de la Gobernación) hacia su hija no constituyen ningún delito, sino que fueron favores personales para cubrir gastos cotidianos ante su imposibilidad de hacerlo personalmente por su agenda de trabajo.

Desmintió que se tratase de algo “sistemático”, precisando que fueron 15 transferencias en un período de cuatro años y consideró que los montos fueron “irrisorios” para una causa de enriquecimiento ilícito, estimando que hoy representarían un promedio de 100,000 pesos cada una, sumando un total aproximado de 1.300.000 pesos.

Explicó que su hija necesitaba dinero para cubrir gastos comunes (como la cuenta del teléfono) porque a veces no le alcanzaba el sueldo. Y debido a que él se encontraba recorriendo la provincia o realizando gestiones en Buenos Aires, le pedía a Ferrari que le adelantara el dinero a su hija.

Respecto a un pasaje para su hija en 2023, aclaró que Ferrari lo compró con su tarjeta de crédito personal porque quedaba un solo lugar disponible en clase turista y Bordet no estaba en su despacho. El exgobernador dijo haberle devuelto el dinero en dólares billete que tenía ahorrados y declarados, lo cual dejó asentado en su declaración jurada de ese año.

Bordet defendió que este tipo de transferencias son normales entre conocidos —comparándolo con amigos que se reparten el costo de una cena— y que no existe nada que ocultar, ya que se realizaron a través del sistema bancario.

En resumen, considera que la fiscalía utiliza estos datos de manera malintencionada para “ensuciar” su imagen, ya que los movimientos no guardan relación con un incremento patrimonial injustificado.

Los bienes que fueron omitidos en una declaración jurada

Gustavo Bordet no especificó los nombres o direcciones exactas de los bienes que faltaron en su declaración jurada de 2012, pero aclaró que se trató de “algunas propiedades” que ya habían sido incluidas en su presentación de 2007.

Explicó que esa falta de información u omisión no fue intencional, sino que se debió a que faltaban dos hojas en el sobre de la declaración de ese año por un error de quien armó el legajo.

Argumentó que no hubo intención de ocultar patrimonio, ya que esos mismos bienes figuraron en su declaración de 2007 y volvieron a aparecer en las de 2015, 2019 y 2023, además de estar informados anualmente ante la AFIP.

Por último, una vez más Bordet acusó al fiscal de actuar de manera parcial al enfocarse únicamente en esa declaración incompleta de 2012 para construir un relato de “omisiones”, ignorando que los bienes siempre estuvieron registrados en los periodos anteriores y posteriores.

Fuente:  El Entre Ríos

Operativo conjunto entre la Jefatura Departamental Concordia y la Delegación de la Policía Federal en distintos barrios de la ciudad

En el marco de las acciones preventivas dispuestas para reforzar la seguridad y prevenir hechos delictivos en distintos sectores de la ciudad, durante la tarde de este miércoles se llevó adelante un importante operativo conjunto entre la Jefatura Departamental Concordia y la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina.

El despliegue comenzó alrededor de las 18:30 horas y contó con la participación de más de 40 efectivos policiales pertenecientes a distintas Dependencias y Grupos Especiales de la Jefatura Departamental Concordia, junto a más de 15 uniformados de la D.U.O.F. Concordia.

Los controles de identificación de personas y vehículos se realizaron en distintos barrios de la ciudad, entre ellos José Hernández, Las Tablitas, 90 Viviendas, Arrocera, Las Colinas, Don Jorge y 320 Viviendas.

Como resultado del operativo, se identificaron 36 personas, 2 automóviles y 25 motovehículos. Además, se procedió a la retención de cinco motocicletas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se labraron cinco multas.

Desde la fuerza destacaron la importancia de este tipo de procedimientos coordinados, que permiten fortalecer la presencia policial en los barrios, incrementar los controles y avanzar en tareas preventivas orientadas a brindar mayor seguridad a los vecinos de Concordia.

Golpe millonario al narcotráfico en Paraná: detienen a un presunto líder de la red

La Policía de Entre Ríos desarticuló en Paraná puntos de venta de droga y detuvo al principal sospechoso de liderar la organización

Tras una investigación por la presunta venta de drogas al menudeo en distintos sectores de Paraná, la Dirección General de Drogas Peligrosas llevó a cabo una serie de procedimientos que culminaron con la detención de un hombre señalado como líder narco y el secuestro de una importante suma de dinero en efectivo.

El operativo

El despliegue policial consistió en tres allanamientos simultáneos y la requisa de una camioneta Ford Ranger, en la cual se trasladaba el principal sospechoso al momento de ser interceptado y detenido. Además del arresto del presunto líder, otras diez personas fueron identificadas y quedaron supeditadas a la causa.

Elementos secuestrados

Durante las requisas, los efectivos policiales lograron incautar elementos de suma relevancia para la investigación, entre los que destacan: más de seis millones de pesos en efectivo, envoltorios de marihuana y cocaína listos para su comercialización; teléfonos celulares, una notebook, un DVR y documentación con anotaciones varias.

Foco en Lomas del Mirador II

Uno de los puntos clave del operativo fue una vivienda ubicada en el barrio Lomas del Mirador II. Según informaron las autoridades, en ese mismo lugar había funcionado anteriormente un búnker narco que ya había sido allanado y demolido meses atrás. Sin embargo, la detección de nuevos movimientos compatibles con el tráfico de estupefacientes motivó esta nueva intervención judicial.

En el procedimiento participó un amplio número de efectivos pertenecientes a las divisiones de Operaciones, Antidrogas y Narcocriminalidad, contando con el apoyo de grupos especiales de la Jefatura Departamental Paraná y personal de la Guardia de Infantería.

Desde la policía indicaron que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas para determinar el alcance total de la red criminal investigada