Bordet anunció el apoyo al Juicio Político a la Corte pero a último momento dejó plantado a Alberto

En la lista oficial que difundieron desde la Casa Rosada figuraba Gustavo Bordet, quien después aclaró que no había firmado la solicitud y que no respaldaba la iniciativa. El gobernador había participado de manera virtual de la reunión en la que se acordó firmar el documento y sorprendió al Presidente ya que hasta última hora de este martes mantenía su decisión en medio de versiones encontradas.

Finalmente 11 gobernadores firmaron el pedido de juicio político contra la Corte Suprema que impulsa Alberto Fernández por “mal desempeño en el ejercicio de su cargo”. Después de largas negociaciones, se sumó una amplia proporción de caciques del PJ, pero varios tomaron distancia.

En la lista oficial que difundieron desde la Casa Rosada también figuraba Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, quien momentos más tarde aclaró a través de su vocera que no había firmado la solicitud y que no respaldaba la iniciativa. Desde la gobernación provincial lo atribuyeron a un “error” de los funcionarios del Ejecutivo. No obstante, cerca de Alberto Fernández señalaron que Bordet participó de manera virtual de la reunión en la que se acordó firmar el documento y que nunca manifestó su rechazo.

Al pie del documento no figuran los nombres de los jefes provinciales del PJ de San Juan, Sergio Uñac; de Santa Fe, Omar Perotti; de San Luis, Alberto Rodríguez Saa; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; y de Santa, Gustavo Sáenz; que se encuentran en desacuerdo con la decisión de embestir contra la Corte Suprema. Tampoco apoyaron los gobernadores disidentes de Río Negro, Arabela Carreras; de Neuquén, Omar Gutiérrez, que suelen actuar, según la ocasión y el tema, como eventuales aliados.

Por medio de la presente se solicita el inicio del proceso institucional de juicio político contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”, dice el documento que dejó trascender el Ejecutivo esta tarde pasadas las 16, después de una reunión tensa con los gobernadores.

La decisión de la Casa Rosada surge a partir de trascendidos obtenidos a partir de hackeos y, según la oposición, espionaje ilegal, que pusieron bajo la lupa a Juntos por el Cambio y a miembros de la Justicia. Desde hace un mes se están filtrando conversaciones al menos polémicas entre Marcelo D’Alessandro, funcionario porteño muy cercano al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y distintos operadores judiciales y empresarios, entre ellos Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti; Silvia Majdalani, ex número dos de la AFI, y Marcelo Violante, titular de Dakota, empresa de acarreo contratada por la Ciudad de Buenos Aires.

Además de la firma del Presidente, aparecen al final los nombres de los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

El Gobierno ya confirmó que ingresará mañana mismo por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados el pedido de juicio político contra Rosatti, Lorenzetti, Rosenkrantz y Maqueda, argumentando que “conductas llevadas adelante por los magistrados (…) resultan susceptibles de ser encuadradas en la noción de mal desempeño en el ejercicio de su cargo”.