El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ), presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal y pidió que abra una investigación penal respecto a cómo ha sido el accionar del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, organismo que preside el exdiputado provincial del PJ Diego Lara, en el control de una serie de ilícitos que han sido denunciados en la Justicia, como lo que ocurrió en la distribuidora Enersa, el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) o la causa de los Contratos Truchos en la Legislatura.
Como informó oportunamente, la presentación apunta a uno de los principales organismos de control en el Estado y que está conducido por el ex intendente de María Grande Diego Lara (PJ). Rossi dice al respecto que el Tribunal de Cuentas “debería actuar como un verdadero contralor del uso de los fondos públicos”, pero que en la práctica “ha operado de manera selectiva, emitiendo resoluciones en algunos casos puntuales, muchas veces con una clara intencionalidad política, mientras que en otros ha optado por la inacción y la omisión deliberada, permitiendo que las estructuras de corrupción y saqueo del Estado provincial se perpetúen sin consecuencias reales para los responsables”.
Ni el presidente Diego Lara ni los vocales Gustavo Labriola y María de los Ángeles Moia optó por responderle. Sólo una de los seis fiscales de cuentas del Tribunal de Cuentas, Nanci Rocío Vinagre, eligió responder. Lo hizo por carta documento.
Vinagre le exigió a Rossi, vía carta documento, que “se retracte públicamente de la falsa imputación calumniosa que ha efectuado en mi contra”. Dice que en la denuncia hay “imputaciones abstractas, sin referir de manera concreta a la conducta que dice me enrostra, expresando que no denuncié ni observé irregularidades, cuando ello es absolutamente falso y usted debe saberlo”.
La fiscal Vinagre contestó la imputación de Rossi con un ataque: le enrostró la causa por enriquecimiento ilícito en la cual fue condenado el intendente de Santa Elena, “donde lo consideran responsable de daños al Estado por la apropiación de fondos públicos o `gastos reservados`”.
Después de relatar su intervención en distintas investigaciones sobre el control de fondos públicos, Vinagre vuelve sobre la denuncia de Rossi y vuelve desde una posición belicosa: “Se formulan por usted graves acusaciones en mi contra de 6 delitos, desde incumplimiento de los deberes de funcionario público hasta encubrimiento agravado, asociación ilícita, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración Pública, sin referir a hechos concretos, ofreciendo prueba indeterminada, por períodos que exceden la obligación de resguardar documentos públicos, sn precisiones, que muestran de modo manifiesto la real malicia existente en su formulación, que no busca satisfacer el interés público sino intereses individuales, ya que la forma que fue realizada la presentación ante el Ministerio Público Fiscal evidencia la imposibilidad de lograr el objetivo que simuladamente emula, levantando sospechas en la sociedad con tremenda ligereza sobre mi accionar como fiscal”.
Rossi no se amilanó y le contestó a la fiscal de cuentas del Tribunal de Cuentas que ratifica la denuncia “en relación a la corrupción estructural y sistemática que ha asolado la Provincia de Entre Ríos en las últimas décadas en la que han participado activamente o por omisión distintos organismos de control, incluido el Tribunal de Cuentas, en el cual usted ha desempeñado funciones de relevancia por más de 18 años”.
“Es irrefutable que el Tribunal de Cuentas no cumplió con su función de contralor, permitiendo que estos hechos se sostuvieran a lo largo de dos décadas. No solo ha sido un organismo ineficaz sino que, con la inconmensurable complicidad de sus funcionarios y empleados, facilitó la impunidad de los responsables del mayor robo a las arcas del Estado en la historia de Entre Ríos -lanzó Rossi en su respuesta a Vinagre, también por carta documento-. Usted ha formado parte del Tribunal de Cuentas durante 18 años como asesora y abogada, por lo que es imposible que desconozca la magnitud del saqueo que se llevó adelante en la provincia. Sus intentos de silenciar esta denuncia mediante la intimidación con acciones judiciales no harán retroceder la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas ante el pueblo entrerriano. Le aclaro que no considero que mi denuncia sea una pérdida de tiempo para el Ministerio Público Fiscal, por el contrario, es una obligación de todos los entrerrianos exigir justicia y saber quiénes se robaron un presupuesto entero y por qué los organismos que debían evitarlo no lo hicieron.
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