El abogado Guillermo Benedetto analizó en Radio Rivadavia Concordia los alcances del nuevo marco de responsabilidad penal juvenil y advirtió sobre la falta de estructura para atender los casos. También planteó la necesidad de informar a las familias sobre las conductas que pueden derivar en una causa penal.
El abogado Guillermo Benedetto visitó los estudios de Radio Rivadavia Concordia, donde participó del programa Punto de Inflexión y abordó uno de los temas que genera mayor debate en la actualidad: la baja de la edad de imputabilidad y las consecuencias que puede tener para los adolescentes a partir de los 14 años.
Durante la entrevista, Benedetto explicó que el nuevo marco regulatorio establece que determinados menores pueden quedar alcanzados por procesos vinculados con hechos considerados delitos. En ese sentido, remarcó que existe una necesidad urgente de que las familias conozcan los alcances concretos de la normativa.
“Hay muchas cosas que la gente común no entiende, ni tampoco tiene por qué entender”, señaló el especialista durante la entrevista, al referirse a la complejidad del sistema penal y a las dudas que existen respecto de qué conductas deben ser denunciadas y cuáles pueden derivar en una investigación.
Qué ocurre cuando se inicia una denuncia
Uno de los puntos que Benedetto buscó aclarar fue que no debe confundirse la existencia de una denuncia con el avance posterior de una causa.
Según explicó, ante una denuncia debe existir una investigación para determinar qué ocurrió, qué delito se habría cometido y cuáles fueron las circunstancias del hecho. Por lo tanto, sostuvo que no corresponde interpretar que automáticamente una denuncia será descartada por tratarse de un delito con una determinada escala penal.
El abogado también planteó como ejemplo algunas situaciones vinculadas con el narcomenudeo y la utilización de menores en actividades delictivas. En ese contexto, mencionó la preocupación existente en Concordia por la participación de jóvenes e incluso niños en determinados circuitos de comercialización de drogas.
Diferentes escenarios según la gravedad del delito
Durante la entrevista, Benedetto explicó que el tratamiento de los casos puede variar de acuerdo con la pena prevista para el delito.
Como esquema general, mencionó los delitos con penas de hasta tres años, aquellos que contemplan penas de entre tres y seis años y, posteriormente, los hechos de mayor gravedad.
En el primer grupo, hizo referencia a alternativas que pueden incluir medidas como restricciones de acercamiento, dispositivos de control, tareas educativas y otras herramientas que eviten el encarcelamiento.
“El objetivo final de la ley no es que el menor esté preso, es buscarle salida alternativa a estas cosas que hacen”, explicó.
En los casos con penas superiores, señaló que el abanico de posibilidades se amplía y que determinadas circunstancias pueden agravar el escenario, especialmente cuando aparecen elementos como armas de fuego, violencia o delitos contra la integridad sexual.
El problema de la falta de estructura
Uno de los principales cuestionamientos planteados durante la charla estuvo relacionado con la capacidad del Estado para implementar efectivamente el nuevo régimen.
Benedetto sostuvo que no alcanza con modificar la legislación si no existen estructuras adecuadas para atender a los adolescentes involucrados en causas penales, brindarles asistencia y trabajar sobre su reinserción social.
En ese sentido, recordó que el sistema contempla la necesidad de brindar acompañamiento afectivo y psicológico y evitar que los menores sean tratados de la misma manera que los adultos privados de su libertad.
A esto se suma, según el análisis realizado durante el programa, la situación del sistema carcelario y la dificultad que implicaría incorporar nuevos detenidos en un esquema que ya presenta problemas de capacidad.
La preocupación por el narcomenudeo
Otro de los ejes de la entrevista fue la utilización de menores en actividades relacionadas con el narcotráfico.
Benedetto consideró que el problema excede la discusión sobre la edad de imputabilidad y sostuvo que una ley por sí sola no puede resolver una problemática de mayor profundidad.
“La clase política se tiene que dar cuenta que no es una ley que soluciona el problema”, expresó durante la entrevista.
En ese contexto, también se refirió al avance del narcotráfico y al lavado de activos, y planteó la necesidad de abordar las estructuras económicas que permiten que esas actividades se sostengan.
Los delitos cometidos a través de las redes sociales
Benedetto también llamó la atención sobre otro aspecto que, según su análisis, muchas veces queda fuera de la discusión pública: los delitos cometidos por adolescentes a través de las redes sociales.
Mencionó situaciones como el robo de perfiles, la creación de cuentas falsas, la utilización de teléfonos ajenos para enviar mensajes y otras conductas que pueden tener consecuencias legales.
De esta manera, remarcó que la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil no debería limitarse a los hechos de extrema gravedad, sino también contemplar conductas que forman parte de la vida cotidiana de los adolescentes y que pueden tener consecuencias jurídicas.
Un debate que requiere información
A lo largo de la entrevista, Benedetto insistió en que uno de los principales desafíos es que la sociedad conozca con mayor claridad cómo funciona el nuevo régimen y cuáles son sus alcances.
El especialista consideró que las familias, las escuelas y las instituciones deben contar con información suficiente para saber cuándo una conducta puede constituir un delito y qué procedimiento corresponde seguir.
Para Benedetto, la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad no puede quedar limitada a la aplicación de penas, sino que debe incluir la prevención, el acompañamiento de los adolescentes, la disponibilidad de recursos y las herramientas necesarias para evitar que los jóvenes queden vinculados de manera permanente con el delito.
Fuente: programa Punto de Inflexión, de radio Rivadavia Concordia FM 106.1
Redacción de 7Paginas
