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Alberto Fernández, imputado y el “terror” a Sandra

El fiscal imputaría en las próximas horas a Alberto Fernández por la violación de la cuarentena. Alarma por eventual cambio de jurisdicción de la causa.

Alberto Fernández sería notificado dentro de las próximas 48 horas que está imputado por presuntamente violar las medidas de contención sanitaria cuando participó del cumpleaños en la quinta de Olivos de su pareja, Fabiola Yáñez, en plena vigencia de la cuarentena de 2020.

Se trata de un paso formal en el que el Presidente será notificado de que se lo investiga por la presunta comisión de un delito. Según explica lanación.com, el fiscal Ramiro González -quien tiene delegada la causa por parte del juez Sebastian Casanello– emitirá el oficio en caso de que el mandatario no se presente por propia voluntad ante los tribunales de Comodoro Py, como ya lo ha hecho el resto de los imputados, entre ellos, la Primera Dama y la funcionaria Sofía Pacchi.

En realidad, la defensa del Presidente -encarnada en el mediático Gregorio Dalbón– aguarda la notificación para poner en marcha la estrategia que anticipó: que se alcance un acuerdo con el fiscal mediante el cual Fernández ofrezca parte de su salario presidencial como “reparación” por la infracción cometida y de esta forma se cierre la causa.

Pero el plan del mandatario no implica en ningún momento que se reconozca la comisión de un delito.

Se complica la estrategia

Esta parte de la estrategia de defensa parece no conducir a ningún lado. Tal como consignaron varios medios, el Presidente se ampara en que no hubo contagios de Covid-19 durante el agasajo a Yáñez en Olivos y por lo tanto no hubo afectación sobre el bien jurídico a preservar. Pero al mismo tiempo, por tratarse de un delito de “peligro abstracto” -y el Presidente ya lo admitió- son irrelevantes a los efectos de la imputación las eventuales consecuencia de la infracción.

Por otro lado, la “conciliación o reparación integral del perjuicio” al que apelará la defensa presidencial no se encuentra reglamentada como artículo del Código Penal. De todas formas, esto no sería un impedimento, porque -aunque escasos- existen antecedentes de su aplicación.

No obstante, en tribunales se preguntan en todo caso a quién iría dirigida la “reparación”, habitualmente aceptada en delitos de acción privada y no pública. No hay un damnificado particular.

Más allá de que se llegue a un acuerdo, Fernández implícitamente admitiría lo que ocurrió, es decir, un delito. No hay casi discusión al respecto, no sólo hay prueba gráfica de la violación a la cuarentena el 14/07 de 2020 (fotos y videos) sino también la confesión del Presidente.

La foto de la fiesta de Olivos con Alberto Fernández. Sobran pruebas de la comisión del delito.

La foto de la fiesta de Olivos con Alberto Fernández. Sobran pruebas de la comisión del delito.

“Terror”

El berenjenal judicial en torno a la fiesta de Olivos que trascendió días pasados, fue profundizado este miércoles en un artículo de Gabriel Morini -quien sostiene que la estrategia presidencial “no tiene chances de prosperar”– en Ámbito Financiero en el que, además, apunta sobre 2 cuestiones:

1. El cambio de jurisdicción de la causa (de Comodoro Py a San Isidro) y la alarma que esto causa en la Casa Rosada“Por una cuestión de jurisdicción -la Quinta está en Vicente López- sería indiscutible que la competencia territorial le corresponde a la justicia federal de San Isidro. Fue Sandra Arroyo Salgado la que pidió la certificación de lo que está delegado en el fiscal Ramiro González. Sobre cómo conjurar el terror que tienen a que la causa migre para el norte no ha habido gestualidad. Ni siquiera el reflejo de sumar posibles visitantes infractores que hayan concurrido a Casa Rosada para que el expediente quede anclado en Capital Federal”.

(¿A qué se debería ese “terror”? Explicó Hugo Alconada Mon en La Nación: “Para la Casa Rosada, la remisión del expediente al estrado de Arroyo Salgado resultaría un dolor de cabeza. No sólo porque es la exmujer del fiscal Alberto Nisman, sino porque en su juzgado tramitaron varias causas penales por la violación de la cuarentena que terminaron en condenas o la aplicación de “probations”. La jueza dispuso que los infractores donaran materiales a comedores o escuelas o que realizaran tareas comunitarias en albergues para menores abusados. Pero la “probation” no corre para los funcionarios. Lo veda de manera taxativa el artículo 76 bis del Código Penal”)

2. La admisión del delito ante la Justicia sería causal de juicio político“El del resarcimiento podría ser un camino aceptable en un acto de equilibrismo judicial para evitar males institucionales mayores. Discutible si no requerirá fórceps para su aplicación al primer mandatario. Y es que, aunque por un motivo finalmente nimio, elevarlo a juicio o en su defecto que se declare culpable lo colocaría dentro de una causal de juicio político. Un escenario insólito por la ausencia de gravitación del hecho en cuestión, pero que en un contexto electoral ya se tiró sobre la mesa, sin medir las consecuencias institucionales que esto aparejaría”.

 

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