ENTRE RIOS Contratos “truchos” , Fiscalía pidió prisión para 32 imputados, entre ellos, un director de CTM

El Ministerio Público Fiscal pidió elevar a juicio oral la megacausa de los contratos supustamente apócrifos en la Legislatura entrerriana, una investigación que abarcó una década, de 2008 a 2018, y que busca establecer el desfalco producido al erario público mediante la celebración de contratos laborales truchos que servirían para conformar una red de recaudación de fondos para financiar la política. Entre los imputados y con pedidos de 7 años de prisión aparece Juan Domingo Orabona, delegado ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. A su vez y según los dichos del diputado radical-PRO, Eduardo Solari, “El Ministerio Público Fiscal (Amilcar García y Cecilia Goyeneche) ni siquiera dispusieron convocar a dar explicaciones a los nombrados en una actitud antojadiza y encubridora”.

En un escrito de 540 páginas, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry señalan que «encontrándose concluida la presente Investigación Penal Preparatoria en lo que refiere a los imputados antes nombrados, efectúe el control correspondiente y remita el caso a Juicio, previa realización de la audiencia».  La petición fue elevada a la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, quien notificó a todos los defensores y también al actor civil, la Fiscalía de Estado.

Son 32 los imputados en la causa :Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez;  Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí  Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.

El sitio Entre Ríos Ahora señala que los fiscales en el escrito hablan de una organización criminal y lo dicen así :

Para el exadministrador del Senado, Gustavo Pérez, los fiscales piden 18 años de prisión.

Para Juan Domingo Orabona, 7 años de cárcel.

Para Jorge Fabián Lázzaro, 5 años.

En el caso del exadministrador de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, fiscalía pide 12 años de prisión.

Para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, 1 6 años.

Para el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, 10 años.

Para Alfredo Bilbao, 12 años de prisión.

Para Roberto Ariel Faure, 9 años.

Para Hugo Mena, 10 años.

Flavia Beckman, esposa de Mensa, 7 años y 6 meses.

Para Esteban Scialocomo, 7 años.

Para Verónica Caíno, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Mena Gioveni, Andrea Noemí Beatriz Demartin, María Victoria Álvarez, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Alejandro Rubén Ferreyra y Jorge Pablo Balladares, 3 años de prisión.

Para Pedro Eduardo Opromolla, 6 años de prisión.

Guido Daniel Krapp y Renato Jesús Mansilla, 5 años.

Nicolás Beber, 3 años.

Hernán Javier Díaz, 3 años.

Maximiliano Degani, 3 años.

Marta Aurora Pérez, 3 años.

Mariano Speroni, 2 años.

Diego Pagnoni, 2 años.

Jorge Enriqu De Breuil, 6 años.

Javier Schneider, 3 años y 6 meses.

DELITO Y MONTOS

“Ha quedado establecido –dicen los fiscales- que este particular modo de saqueo, según la evidencia encontrada, se inició en momentos diferentes según la Cámara legislativa de que se trate y continuó de forma progresiva, ampliándose de manera significativa luego del inicio del período de Gobierno que comenzó el 10/12/2011”. Al respecto, agregan:  “En efecto, obran registros específicos que permiten afirmar con certeza que en la Cámara de Senadores las maniobras de sustracción, a través de la suscripción masiva de contratos de obras, se iniciaron allá por el mes de enero de 2008, mientras que la Cámara de Diputados se incorporó a esta mecánica sustractiva en fecha 11 de diciembre de 2011”.

Más adelante, el escrito con el pedido de remisión a juicio destaca: “Asimismo, se pudo comprobar que el número de vínculos falsos experimento un rápido ascenso mientras se fue perfeccionando la mecánica extractiva de caudales públicos, y en particular luego de haber expandido el uso de las mismas maniobras a la Cámara de Diputados. Vale decir, el incremento fue directamente proporcional a la especialización de la arquitectura delictiva y de sus operadores”.

¿Cuál fue el valor del desfalco a partir de esas maniobras delictivas? Según el primer informe elaborado por el contador Héctor Enrique, perito del Ministerio Público Fiscal, sería de $  2.244.142.048,47.

Esa cifra fue actualizada. “Es así que el monto sustraído durante los casi 11 años que fueron objeto de investigación asciende a 52.927.878,50 dólares, lo que actualizado a mayo de 2021 (cotización dólar oficial BNA $ 93,75 al 28/05/2021) nos informa de un total de $  4.961.988.609”, apunta.

“De la evidencia reunida, resulta claro que se conformó una organización delictiva con el objeto de consumar actos sucesivos de sustracción de dinero público, primero de la Cámara de Senadores de la Provincia, para luego de transcurridos los primeros cuatro años, sumar las arcas de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el colectivo consumó, además, diversas ilicitudes complementarias”, dice los fiscales, y agregan:  “Pergeñada la maniobra ilícita, teniendo en cuenta su complejidad, era indispensable generar una estructura con diversos estamentos que se encargara de ejecutar las fases del accionar delictivo, que comprendía desde el reclutamiento de los falsos contratistas; la registración de los mismos ante los organismos recaudadores; la firma de los instrumentos públicos contractuales;  la presentación de éstos en los servicios administrativos y contables de la Legislatura; la posterior aprobación por éstos y las respectivas autoridades legislativas (Presidentes o Vicepresidente de ambas Cámaras); la autorización del libramiento de los pagos respectivos por los Servicios Contables de ambas Cámaras; la supuesta acreditación de los falsos servicios prestados para otorgarle un aparente marco de legalidad; la percepción de los importes a través de la presentación de los cartulares ante el agente financiero de la Provincia; la necesidad de mantener regularizada la situación impositiva de los ´contratistas´ mediante el pago mensual del impuesto al monotributo e ingresos brutos ante la ATER, la confección de facturas falsas, y la aprobación de todas estas contrataciones, a pesar de las irregularidades que presentaban, por parte del máximo organismo de control de las cuentas de la Provincia, el Honorable Tribunal de Cuentas”.

 

Responsabilidades

“Un aspecto transcendental está constituido por los aportes al hecho de los distintos responsables de los servicios contables de las Cámaras legislativas, toda vez que, como administradores y custodios de los recursos económicos asignados a ambos cuerpos, entre otras prestaciones, eran los encargados de habilitar el pago de los contratos falsos, a través de cheques y/o depósitos bancarios”, indican los fiscales.  Ese rol, aseguran, correspondía a Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lázzaro, Gustavo Hernán Pérez y Sergio Esteban Cardoso.

El cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, “durante todo el período investigado, pese a ocupar un cargo de menor jerarquía dentro de la estructura orgánica del Senado provincial, cumplió un rol preponderante dentro del entramado delictivo, toda vez que definía el sí y el cuánto de los contratos de obra de ambas cámaras, pese a pertenecer administrativamente al Senado provincial”. El cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, cumplía, según los fiscales, la función de  «recaudador».

 

El rol del Tribunal de Cuentas

“La continuidad y persistencia en el tiempo de las ilicitudes endilgadas, tampoco podría haberse consumado sin la contribución de los funcionarios del Tribunal de Cuentas con desempeño estable en ambas Cámaras legislativas”, señala. Luego, apunta: “Es así como, contrariando su deber funcional de controlar la correcta aplicación del presupuesto de la Legislatura, mediante un riguroso cotejo, efectuaban controles limitados al análisis meramente formal de una  escasa cantidad de contratos de obra, previamente seleccionados por los propios  responsables de los servicios administrativos contables”.

Luego, se detienen identificar a los “destinatarios finales” de las operaciones ilícitas, y señala que la “evidencia colectada permite afirmar que existieron actores en este entramado que tuvieron como principal actividad recibir el producido final del ilícito, ocupando los estratos superiores de la organización”. Nombra a ese respecto a Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada, “quienes aparecen en todas las anotaciones, como los receptores ´finales´ del dinero colectado”.

Más adelante, sostiene que otro “común denominador existente entre los miembros de la asociación ilícita es el hecho de que muchos de ellos, estaban ligados al Senado Nacional, a través de vínculos contractuales autorizados por los senadores Pedro Guillermo Guastavino y, posteriormente Sigrid Kunath, lo que indica que la organización utilizaba también estos recursos para el mantenimiento laboral de los encargados de las ´tareas de campo´ dentro el esquema organizacional”.

“De la evidencia reseñada y valorada, emerge claramente que para consumar las reiteradas sustracciones (así como las distintas ilicitudes mediales), se conformó una estructura delictiva segmentada que perduró por casi once años”, dicen los fiscales.

Pero no sólo encuentran que se cometieron los delitos de asociación ilícito, sino también los de peculado y de incumplimiento de obligaciones de funcionario público.

Redacción Análisis Litoral

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