El 82% móvil en la Provincia de Entre Ríos bajaría al 67%

La ley de emergencia fue un anticipo, la decisión ya está tomada, lo único que se discute es si su aplicación será de una vez o en forma gradual, la sustentabilidad y el déficit de la Caja serán los discursos justificativos para no tocar la corrupción

A principios del año, desde este PORTAL se exponía la estrategia del Gobierno Provincial contra el avasallamiento de derechos consagrados y adquiridos de los trabajadores y jubilados.

Con la excusa del déficit de la Caja, provocado por un sistema perverso de corrupción enquistado hace décadas, el gobernador Gustavo Bordet iría por la elevación de la edad jubilatoria, el aumento de aportes, para llegar, finalmente, a dinamitar el 82% móvil.

Corría el mes de enero y –solo- por el temor que le provocó las réplicas y reacciones al mandatario, no se animó.

La pandemia y el aislamiento, vinieron a disolver aquel miedo y trasladarlo a la gente, con los  trabajadores y jubilados encerrados, sin posibilidad de salir masivamente a las calles, Bordet finalmente se atrevió a hacer lo que ningún gobernador que dice ser peronista osaría.

Y es que los derechos previsionales son banderas exclusivas del sello político que sostienen integrar el mandatario provincial, la vicegobernadora, 21 de los 34 diputados,  12 de los 17 senadores y el resto del gabinete.

El primer tramo de esta mega estrategia fue la denominada ley de emergencia que no es más que un ajuste con fines recaudatorios.

Muy lejos de combatir la corrupción – es notorio con la causa de los muertos que cobraban jubilaciones y pensiones, maniobras denunciadas por este PORTAL, que si no hubiera sido por el medio, seguiría escondiéndose-, causa originaria del déficit, Bordet, sosteniendo la irregularidad del sistema, prefirió meter la mano en los bolsillos de los jubilados.

Con la participación necesaria de los legisladores que se desgarran las vestiduras y a diario nombran a Juan Domingo Perón y Eva Duarte, caso de Julio Solanas, José Cáceres, Ángel Giano, entre otros y otras, Bordet hizo ley el incremento de los aportes de los activos y pasivos.

A los trabajadores el aumento fue de un 6% más, a los jubilados de un 10%, embistiendo así con el 82% móvil.

Este fue el principal motivo, aunque no el único, de que prosperara en la Justicia la medida cautelar de no innovar, por la grosera inconstitucionalidad de un derecho que se entiende adquirido.

Fallo judicial que representa el fracaso de la estrategia bordetista, ya que este mes, por la medida judicial, el gobierno no contará con los descuentos esperados.

En el fondo, no es más que un parche, lo cierto es que si se emprendiera una batalla seria contra la corrupción instalada en el sistema previsional entrerriano, los beneficios para las arcas estatales serian inmejorables.

Fíjense los lectores que solo con un manojo de beneficiarios fallecidos a los que se había liquidado y depositado los fondos que recibían en vida, el Estado recuperó 100 millones de pesos, así lo confirmó el flamante presidente de la Caja, Cr. Edgardo Scarione.

Si se iría contra el resto de irregularidades que se comenten en el sistema, caso de las jubilaciones por incapacidad que no trasvasarían una sola auditoria, o el caso de importantes funcionarios que no realizaron los aportes e igualmente perciben beneficios de privilegios, el déficit de la Caja, lisa y llanamente, desaparecería.

El fracaso de la ley de ajuste respecto de los jubilados y pensionados no impide que el mandatario provincial continúe con su objetivo de dinamitar por completo el conjunto de derechos logrados para la ancianidad.

En la cima de los objetivos esta reducir considerablemente el 82% móvil, este PORTAL lo anticipó, en la actualidad recorre los despachos de quienes manejan las cuestiones legales más sensibles de Bordet.

Este martes existieron manifestaciones que hicieron constatable esta penosa realidad que enfrentaran los trabajadores, futuros jubilados de la provincia, y los actuales jubilados.

El presidente del Colegio de Abogados de la Provincia, Alejandro Canavesio, fijó postura sobre el 82%, cuestionando fuertemente el porcentaje y atribuyéndole el desbarajuste absolutamente de la Caja.

Y los lectores se preguntaran qué tiene que ver canavesio con el Goebrino, la respuesta es unísona, todo.

El letrado es un militante activo del sector de la ministra de goebrino y justicia, Rosario Romero, co-autora intelectual de varias de las medidas en detrimento de los estatales.

Al igual que el ex gobernador Mario Moine, a Bordet, Romero y el resto del gabinete, el empleado público le repele, lo suyo es la casta, “los de bien”, los funcionarios, solo se sienten cómodos con quienes ostentan un cargo político, de ahí su afán desmedido en las designaciones.

Las palabras de Canavesio no hacen más que visibilizar la estrategia, aunque, con ribetes de grosera gravedad institucional, no por su cargo en el Colegio, sino porque fue designado por Bordet como conjuez que actuara como vocal del Superior Tribunal de Justicia en las causas contra la ley de ajuste y aquellas posteriores que se instauren con motivo de la emergencia.

A lo mejor no se dio cuenta, lo cierto es que su fuerte crítica al 82% móvil, podrá ser utilizada como causa de recusación, lisa y llanamente porque su opinión anticipa sus sentencias, colisionando con la independencia que se requiere y no tiene.

La decisión de Bordet ya está tomada, la tomó en enero, ahora está próximo a ejecutarla, el 82% móvil desaparecerá de la Provincia, la idea es llevarlo al 67%.

Lo único que está en discusión es si se hará gradualmente, unos puntos ya se bajaron con la ley de juste, o si se hará en un solo tramo.

La ley de emergencia será citada en los fundamentos los cuales, como en esta, también se escucharan los términos “sustentabilidad” y “solidaridad”.

Redacción Análisis Litoral

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