Megajuicio: siguen los alegatos y se pueden exhibir pruebas

El Tribunal de Juicio y Apelaciones que juzga a Sergio Urribarri y otras 12 personas rechazó el planteo realizado por los defensores que solicitaron que se le prohibía a la fiscalía exhibir pruebas documentales durante los alegatos en el megajuicio por corrupción que se le sigue al exgobernador Sergio Urribarri y a otros 12 acusados.

José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castango entendió que no se viola la defensa en juicio y que además no está prohibido.

Ahora la fiscal Patricia Yedro, quien comenzó a desarrollar la tesis acusatoria en la causa de las imprentas, sigue con la acusación.

De la alocución de Yedro se desprende que Juan Pablo Aguilera era el dueño en “las sombras de las empresas de Tep SRL y Next SRL”.

De este modo para fiscalía, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena eran testaferros del cuñado del exgobernador.

Tras realizar una minuciosa y detallada acusación contra Juan Pablo Aguilera, su esposa Luciana Almada, su cuñado Alejandro Alamada, contra la contadora Corina Cargnel y contra Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, se interrumpió el debate producto de un planteo realizado por el defensor Emilio Focues.

Planteo rechazado

El tribunal sostuvo lo planteado por el defensor Emilio Focues, quien sostuvo: “…quiero introducir una oposición de mi parte a que se sigan exhibiendo documentos durante los alegatos”.

El letrado defensor del exministro de Turismo Hugo Marsó aseguró: “No es el espíritu de esta parte del proceso (por los alegatos mostrar pruebas). La oportunidad de exhibir pruebas ya la tuvo fiscalía. El alegato en una etapa procesal netamente oral, así lo establece el artículo 449. Creemos que viola el debido proceso y el derecho de defensa, porque tampoco las defensas tenemos las herramientas y las posibilidades de desarrollar una actividad como la que está haciendo fiscalía con asistente”, y añadió: “Por lo tanto me voy a poner (a la exhibición de pruebas). No lo quise hacer antes para no interrumpir a mis colegas, pero no se le puede permitir a la fiscalía exhibir documentos en esta etapa”, finalizó el letrado.

José María Chemez, presidente del Tribunal informó: “Entendemos que no tiene objeto plantear esto y que no hay tipo de agravio en la metodología que se está utilizando”, y añadió: “la defensa podrá exhibir documental al momento de alegar”.

Al planteo formulado por Fouces se sumaron los otros defensores, quienes adelantaron que cuestionarán la resolución en otra instancia.

Causas imprentas

La fiscal Patricia Yedro empezó a exponer sobre las causas de las imprentas. “Juan Pablo Aguilera era el dueño en las sombras de las empresas de Tep SRL y Next SRL”. De este modo para fiscalía, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena son testaferros del cuñado del exgobernador.

Los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull desarrollan la tesis acusatoria en las tres grandes causas de corrupción que sentaron a Urribarri en el banquillo de los acusados, junto a dos exministros, Pedro Báez, de Cultura y Comunicación, y Hugo Marsó, de Turismo; su cuñado Juan Pablo Aguilera, amigos, parientes y empresarios.

Al juicio llegaron 15 imputados, aunque el empresario publicitario Hugo Montañana adujo problemas de salud y será juzgado en forma separada.

También en medio de los debates ocurrió el fallecimiento de Hugo Félix Céspedes, excoordinador de la Unidad Operativa Mercosur.

Yedro afirmó que toda la información recabada por fiscalía indica que Juan Pablo Aguilera era el dueño de las empresas creadas en 2009.

“Durante 5 años se mantuvo en las sombras actuando a través de sus testaferros”, precisó la funcionaria, quien al inicio de su alocución criticó el accionar de los abogados defensores.

“La creación (de las empresas) es casi contemporánea a la aprobación de Aguilera como funcionario público. Él pasa a planta permanente en 2009 en el Senado. Esta circunstancia fue reconocida por Giacopuzzi y Sena”.

La fiscal sostuvo que Giacopuzzi y Sena destacaron en sus relato que eran amigos desde la infancia y consideraron que ese vínculo y las relaciones que él tenía con Urribarri les podía resultar beneficioso.

Alejandro Almada y Luciana Almada no podían contratar con el Estado, uno por la condición de funcionario policial y la otra por ser familiar.

La fiscal dijo que todo el mundo sabía que Juan Pablo Aguilera era el dueño de las empresas. “Lo sabían desde funcionarios hasta particulares”, relató.

Además ligó a Aguilera a la empresa que creó Gustavo Pereira, empleado del Partido Justicialista.

Yedro sostuvo que la empresa Publicitar fue creada por Aguilera y afirmó que esa información surge de los disco externo que se secuestró en la casa de la vecina de la imprenta.