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“UN SMALDONE EJECUTABA, OTRO SMALDONE CONTROLABA”

Irregularidades en planes sociales: “Es evidente el uso de mecanismos para burlar la ley”, admitió Maya. El funcionario del Ministerio de Desarrollo Social dijo que no le sorprendió la denuncia de ANÁLISIS.

El coordinador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Entre Ríos, Juan Maya, aclaró que el Programa Argentina Trabaja tiene “un sistema de administración delegada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en manos del Ministerio de Gobierno de Entre Ríos, quien conformó una Unidad Ejecutora y está bajo la órbita del ministro Mauro Urribarri y sus colaboradores”.

Sobre esa cuestión, criticó que “uno de esos colaboradores era un integrante de la familia Smaldone, quien ejecutaba ese presupuesto, y otro Smaldone era quien hasta hace poco controlaba, es decir que si había un inconveniente lo arreglaba el padre, en una asociación peculiar”. Reconoció que “es evidente la utilización de mecanismos para burlar la ley” y sostuvo que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación “tomó intervención al otro día de la denuncia” y “habrá que ver ahora qué consideraciones hace respecto de este tema”.

Admitió que la denuncia de ANALISIS “no sorprendió” porque “lo que dice la Revista es lo que me comentaban en ambas ciudades, así que no me causó ninguna sorpresa; era algo esperable”. Respecto de la falta de decisiones en cuanto a los responsables, afirmó: “Tampoco me sorprende que la Justicia no actúe en Entre Ríos y que no se hayan tomado medidas en la Gobernación” y en tal sentido apuntó que “no se ha visto al gobernador (Gustavo Bordet) que se introduzca en temas complejos o que esté comprometido en situaciones complicadas en la provincia, y tampoco lo he visto tomar decisiones de alto voltaje político”. Asimismo, criticó la inacción del Poder Judicial que “permite la impunidad de la política”.

En declaraciones realizadas al programa televisivo Fuera de juego, Maya indicó que “el Programa Argentina Trabaja y el Programa “Ellas hacen” tienen un sistema de administración delegada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en manos del Ministerio de Gobierno de Entre Ríos, quien conformó una Unidad Ejecutora y está bajo la órbita del ministro Mauro Urribarri y sus colaboradores”.

Especificó que “uno de esos colaboradores era un integrante de la familia Smaldone, quien ejecutaba ese presupuesto, y otro Smaldone era quien hasta hace poco controlaba, es decir que si había un inconveniente lo arreglaba el padre, en una asociación peculiar”.

Informó que “ahora algo cambió, porque hasta 2015 se enviaba la remesa de dinero a la provincia, se ejecutaba y se rendían cuentas o explicaba a la Nación qué había hecho con la plata, mientras que hoy se pide que primero presupueste qué va a realizar, de qué manera y después se le envía el dinero”.

De todos modos, aceptó que “no estamos exentos de que puedan ocurrir inconvenientes o este tipo de denuncias como las que expresó la Revista ANALISIS y que haya situaciones donde es evidente la utilización de mecanismos para burlar la ley, como es fraccionar una compra de indumentaria o equipamiento para poder ir a una contratación directa y no ir a un proceso de licitación pública”.

Agregó que “por ser un organismo provincial debe rendir cuentas a la provincia, en el Tribunal de Cuentas como organismo de control, y a la Nación, y es evidente que han saltado los resortes de la provincia antes que lo de Nación y habrá que ver ahora qué consideraciones hace el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación respecto de este tema”.

Destacó que dicho Ministerio “tomó intervención al otro día de la denuncia” y reveló que “el senador (Alfredo) De Angeli planteó que la administración del Programa Argentina Trabaja pase a los municipios” ya que “es un programa que lo maneja el Ministerio de Gobierno de la provincia pero que se aplica solamente en Paraná y Concordia, cuando en otras provincias directamente lo manejan los municipios”.

Opinó que esto “se debe a una cuestión netamente política de la última gobernación de Urribarri de no delegarle el manejo a los municipios” pero aclaró que “más allá de eso, los fondos debieron haber estado bien administrados, responsablemente, y es evidente que hubo desprolijidades, sino ilícitos”.

Dijo desconocer el manejo de estos fondos con anterioridad y explicó: “El Ministerio tiene cinco Secretarías y yo dependo de una de ellas que es la de Abordaje territorial, en una función netamente política. El Plan Argentina Trabaja es de otra Secretaría, es un programa muy grande, muy amplio, que maneja mucha plata, con oficinas abarrotadas de gente, el control y el manejo sobre las provincias es muy complejo, en muchas provincias hubo inconvenientes y el cambio pasa por un mecanismo genuino de control y que sea eficiente, no sólo en este programa sino en otros donde hubo situaciones de desmanejos”.

Aclaró además que “esto está en manos de (la ministra de Desarrrollo Social, Carolina) Stanley y de quienes controlar el mecanismo, no pasa por mis manos porque no ejerzo una función de control y no puedo intervenir. Simplemente observé muchas quejas tanto en Concordia como en Paraná pero no tengo el dato, los hechos ni la documentación para poder atribuir algún hecho ilícito a una persona en particular”.

No obstante, admitió que la denuncia de ANALISIS “no sorprendió” porque “lo que dice la Revista es lo que me comentaban en ambas ciudades, así que no me causó ninguna sorpresa, era algo esperable”. Respecto de la falta de responsables, afirmó: “Tampoco me sorprende que la Justicia no actúe en Entre Ríos y tampoco me sorprende que no se hayan tomado medidas en la Gobernación”.

Al respecto, sostuvo que “no se ha visto al gobernador que se introduzca en temas complejos o que esté comprometido en situaciones complicadas en la provincia, y tampoco lo he visto tomar decisiones de alto voltaje político” y ejemplificó que “la única decisión que tomó Bordet fue echarlo a (Marcos) Rodríguez Allende que es el abogado de (Sergio) Urribarri y nada más, mientras la misma gente que gobernaba junto a Sergio Urribarri está hoy en el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Economía, Fiscalía de Estado, Ministerio de Desarrollo Social, salud es un área de (José) Allende”.

En este contexto, criticó que “hay un sector de la política que cree que lo importante es la construcción de una realidad virtual y no de la realidad misma y trabajan sobre eso, por eso el mensaje del ministro Urribarri fue primero en redes sociales antes que presentarse en el Tribunal de Cuentas o ante los Tribunales.

“Esto revela que lo importante, y la amenaza no la tienen en los Tribunales, ese es un problema menor. Y tampoco sorprende porque en Entre Ríos nos pasamos ocho años donde no hubo un hecho de corrupción. Podemos decir que tuvimos la etapa más honesta de la historia entrerriana, porque jamás nunca un fiscal de Paraná o de la provincia procesó, imputó o accedió a investigar a alguien de la política”, reflexionó.

Y agregó que “cuando un funcionario cae en desgracia o ya no tiene más cargo, recién comienzan a revelarse los hechos, que casi siempre caen en un chivo expiatorio para entretener a la gilada, mientras los grandes temas no se abordan realmente. A las primeras líneas nunca llega la investigación”.

“El descontrol o la inacción del Poder Judicial permiten la impunidad de la política y que quienes pretenden avanzar, no tengan miedo en hacerlo porque ese tema con la Justicia está arreglado. Esto pasa en toda la provincia con todos los hechos, ningún fiscal o jueces penales quieren tomar causas de grado relevante porque pone en riesgo su carrera o no saben con qué se van a encontrar, y es mucho más cómodo trabajar en cuestiones menores o que no tienen connotación pública. Eso nos pone en una situación muy crítica”, analizó.

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