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Procesan por contrabando a ex dirigentes de la Universidad Adventista de Puiggari

Junto a la cúpula de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, están acusados de ingresar al país artículos de electrónica como si fuera una donación hecha en los Estados Unidos. Trabaron embargos millonarios.
La cantidad de mercadería que llegó al país en dos contenedores desde los Estados Unidos como una supuesta donación para la Universidad Adventista del Plata (UAP), en Entre Ríos, le demandó a los controladores aduaneros de Campana 28 días para calcular el valor de la carga: 14.867.633 de pesos.

Pero todo era una simulación. Supuestamente se trataba de equipamiento electromecánico hospitalario, pero en realidad era un contrabando de productos de electrónica de alta gama y de una operación de importación, que se encuentra prohibida, de productos farmacéuticos y de la cina nuevos y usados.

Así lo entendió el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que en las últimas horas procesó por el delito de contrabando a dirigentes de la Asociación Argentina Adventista del Séptimo Día y a una despachante de aduana.

Según la resolución judicial, los acusados habrían cometido el delito de contrabando “al dificultar, mediante ardid y engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones, realizando actos con el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero y fiscal distinto al que corresponde a los fines de su importación, y haciendo uso de autorizaciones especiales y certificaciones expedidas contraviniendo las disposiciones legales y específicas que regulan su otorgamiento con el fin de obtener, respecto de la mercadería que se intentó importar, un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere y mediante la presentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados necesarios para cumplimentar la operación”.

Los procesados, según el expediente judicial, fueron el presidente de la Asociación Argentina Adventista del Séptimo Día (Aaasd), Carlos Gill Krug; el tesorero de la Aaasd, Carlos Giménez Graf, ; Roberto Giaccarini, que trabaja en la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) desde 2002; Oscar Ramos, rector de la UAP; Jorge de Sousa Matías, vicerrector de la UPA, y la despachante de aduana Nilda Saira.

A Gill Krug, Giménez Graf, Giaccarini, Ramos y De Sousa Matías se le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 2.000.000 de pesos. Para Saira el embargo fue hasta cubrir la suma de 600.000 pesos. Todos continúan el proceso en libertad.

El pastor

De Sousa fue señalado como el responsable de recolectar las donaciones del culto para Argentina en Estados Unidos. La división Delitos Federales de la Policía Federal fue la encargada de investigar la documentación secuestrada, una pesquisa que llegó hasta la sede porteña del culto adventista en la calle Uriarte. Delitos Federales detectó que toda esta maniobra de envíos disfrazados se vendría realizando al menos desde 2013.

También, la división determinó que existe un amigo americano: un tal “John Grinswell”, con base en Texas, que se habría encargado de canalizar a través de ADRA compras en sitios como Amazon y Best Buy con pagos vía Paypal, el servicio online de depósitos con tarjeta de crédito, algo fácilmente rastreable.

Indagatorias

En su indagatoria, el pastor De Sousa Matías respondió sobre los artículos médicos vencidos con una excusa curiosa: dijo que era para “un centro de simulación médica” con fines educativos, “el único en el país”, para ser usado con fines educativos, no en seres humanos sino “en muñecos”.

El pastor Gill Krug, por su parte, aseguró no saber nada en su propia indagatoria y cargó todo el peso en el vicerrector de la Universidad. La despachante Saira aparece con consejos para el ardid. “En lugar de pantallas que diga equipamiento para aulas”, le escribe a De Sousa Matías en un mail. El hombre cuenta luego en un correo electrónico a una tercera persona cómo Saira se ofreció a “ir a Cancillería” para agilizar trámites con el Consulado argentino en Washington D.C.

La causa

En su momento, el allanamiento en Villa Libertador San Martín se realizó en simultáneo con otros, vinculados a la Iglesia Adventista en el país, que era la destinataria de dichas “donaciones”. El juez federal González Charvay dispuso ocho allanamientos y entre los acusados estaban autoridades de la Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día.

Los contenedores llegaron al país desde los Estados Unidos como una supuesta donación de equipamiento electromecánico hospitalario, artículos eléctricos y herramientas manuales, pero en realidad era un millonario contrabando de modernas pantallas de TV, computadoras, tablets, equipos profesionales de filmación, consolas musicales e incluso drones por un valor de 15.000.000 de pesos.

Fuente: La Nación

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