foto0_1_280489_1CORRUPCION Entre Rios Portada 

Causa por los contratos en la Legislatura: Urribarri, Bahl, Lauritto, Cáceres y Guastavino, al borde de ser imputados

El programa televisivo Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral) reveló la trama de recaudación a través de contratos truchos que existe en la Legislatura entrerriana, al menos desde 2008. Personas que cobran de alguna de las dos cámaras un porcentaje no mayor al 5 por ciento de lo facturado, a las que les pagaban el monotributo y hoy acumulan abultadas deudas tributarias, son una de las herramientas de la maniobra. El mecanismo se completa con una estructura jerárquica que abarca al ex gobernador Sergio Urribarri en su rol de presidente de la Cámara de Diputados, a su antecesor José Allende, y al vicegobernador Adán Bahl y a sus antecesores Pedro Guastavino, José Lauritto y José Cáceres, en carácter de ex presidentes del Senado. Todos ellos serán citados próximamente a designar abogado defensor en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal y serían imputados en breve por la presunta comisión de distintos delitos, como asociación ilícita y peculado. También se apunta a autoridades de ambas cámaras. Del Senado, entre otros, a los ex directores contables Juan Domingo Orabona y Gustavo Pérez; a los ex secretarios Mauro Urribarri y Sigrid Kunath; a Natalio Gerdau que actualmente ocupa ese cargo; y a los ex prosecretarios Juan Pablo Aguilera y José Kramer. De Diputados, al ex director contable Sergio Cardozo; al secretario Nicolás Pierini; al prosecretario Sergio Cornejo; y a la ex prosecretaria Claudia Krenz. Desde Tribunales, el procurador general Jorge García emitió un comunicado este jueves al mediodía en el cual indicó que en la causa caratulada “Beckman Flavia y otros /Asociación Ilícita”, en la que se investigan “supuestos contratos falsos en ambas cámaras del Poder Legislativo de la provincia”, rige “la reserva absoluta de las actuaciones”

En la Legislatura entrerriana había una estructura jerárquica: los contratados, a los que venían usando desde hacía muchos años y otros que tenían como temporales. Cobraban dos o tres meses y los dejaban afuera. Les daban el 5 por ciento del dinero, según se pudo reconstruir periodísticamente, en base a testimonios de protagonistas directos .

Estaban los contratados, los recaudadores y los funcionarios o legisladores hasta donde llegaba el dinero. Les pagaban el monotributo y la obra social, aunque ahora están con deudas de hasta 50 mil pesos, de acuerdo a un relevamiento entre algunos de los declarantes. Según se pudo saber, fueron más de 30 los que testimoniaron ante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Arramberri.

Nunca les dejaban ver el contrato ni los datos del cheque, emitido desde los Contables legislativos. Muchos de ellos sabían que eran contratados del Senado o Diputados. Un grupo más reducido quizás lo desconocía. De acuerdo a consultas en ámbitos legislativos, hubo períodos en los que había cerca de 600 contratados truchos entre las dos cámaras; después, el promedio era de 350 aproximadamente. Actualmente, hay 1.200 contratados en la Legislatura entrerriana. Se reparten en algo más de 600 para Diputados e igual número en el Senado.

“Los contratos fueron de 5.000 a 6.000 pesos en los primeros años. El año pasado llegaron a 35.000 pesos y en la actualidad alcanzan los 50 mil pesos”, dijo uno de los contratados, quien prefirió mantener en reserva su identidad. La mayoría eran de las cámaras, pero también había de algunos legisladores del oficialismo, quienes concentran buena parte de esos beneficios.

Hay que recordar que en la actualidad existen cinco personas detenidas, acusadas de fraude y asociación ilícita. Los detenidos, son: Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Alfredo Bilbao, y Roberto Ariel Fauré. Cabe recordar que el senador nacional Pedro Guastavino (PJ-Entre Ríos) reconoció que fueron contratados por él y se puso a disposición de la justicia. No obstante, se sabe también que tanto Guastavino como la senadora nacional Sigrid Kunath (PJ-Entre Ríos) tienen empleados legislativos, cuya contratación fueron ordenadas desde el urribarrismo apenas asumieron sus respectivos mandatos. Los tres primeros –Beckman, Sciolocomo y Álvarez- fueron sorprendidos por la Policía cuando realizaban la maniobra con las tarjetas de débito en un cajero a mediados de septiembre. Luego cayeron los otros dos empleados legislativos.

No hay registros desde antes de 2008; es como que la historia arranca a partir del primer gobierno de Sergio Urribarri. El grupo delictivo comenzó a operar cuando Mauro Urribarri y Juan Pablo Aguilera se adueñaron de las cajas políticas del Senado y de Diputados. En especial en Diputados, donde el presidente era José Angel Allende, pero no tenía poder de decisión sobre los contratos o pagos de la cámara baja.

Según los càlculos, este año sacaron alrededor de 13 millones de pesos por mes con esa modalidad de los contratos. Hay que recordar que la Legislatura tiene un presupuesto de 1.000 millones entre ambas cámaras. Los cálculos indican que entre 2008 y 2018 se presupuestaron algo así como 12.000 millones de pesos, tomándose valores actuales. En el 2019, el presupuesto provincial prevé algo así como 630 millones anuales para cada cámara.

De acuerdo al presupuesto actual -al que se accede por la web oficial-, cada cámara tiene previsto contratos por unos 25 millones por mes. A partir de datos de gente cercana a los propios Contables legislativos, se establecería que los contratos necesarios y reales serían un poco más de 5 millones de pesos.

Y en la justicia provincial están mirando también lo denunciado sobre la mesa de dinero con dólares en el Senado, que fue revelado por la revista ANÁLISIS a fines de 2016, cuya causa está en la justicia federal. El sistema dependía de Mauro Urribarri y Juan Pablo Aguilera y ahora se entiende mejor cómo era el mecanismo en el que, también con ese festival de contratos, se desviaba dinero, que era parte de este negocio de unos pocos.

Se está pensando que tendrán que declarar como testigos entre 200 y 300 personas. Ya declararon más de 30 contratados a los que se les habían apropiado las tarjetas de débito. En una siguiente tanda de llamados, la semana próxima, se citará a quienes quedarán como imputados y tendrán que presentar abogados defensores. Son más de 20 personas del poder político y varios particulares.

Ello no quiere decir que sean todos llamados a indagatoria, pero se les complicará sin dudas la situación política. Se los imputará por asociación ilícita y peculado, por la sustracción de fondos del Estado, mientras que habrá particulares, además de los detenidos y otros contadores que aparecen en la mira judicial, que serán partícipes del delito.

Puntualmente, se apunta al vicegobernador Adán Bahl y a los ex vicegobernadores Pedro Guastavino, José Lauritto y José Cáceres, además del actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, y su antecesor en ese cargo, José Allende, actual diputado provincial.

También a autoridades de ambas cámaras, con responsabilidades diversas en cada una de las estructuras. Del Senado, entre otros, a los ex directores contables Juan Domingo Orabona y Gustavo Pérez; a los ex secretarios Mauro Urribarri y Sigrid Kunath; a Natalio Gerdau que actualmente ocupa ese cargo; y a los ex prosecretarios Juan Pablo Aguilera y José Kramer. De Diputados, al ex director contable Sergio Cardozo; al secretario Nicolás Pierini; al prosecretario Sergio Cornejo; y a la ex prosecretaria Claudia Krenz.

La pregunta es hasta dónde la Fiscalía Anticorrupción no deberá contar con una mayor estructura para semejante causa, solamente equiparable con la defraudación a la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER).

Y la otra pregunta es qué pasará con la carrera política de quienes aparecen relacionados a todo esto: Adán Bahl, José Laurito, José Cáceres, que nunca antes habían estado imputados en causa alguna y que tienen pretensiones electorales para el año próximo.

Comunicado del procurador

Desde Tribunales, el procurador general Jorge García emitió un comunicado este jueves al mediodía en el cual indicó que en la causa caratulada “Beckman Flavia y otros /Asociación Ilícita y otros”, en la que se investigan “supuestos contratos falsos en ambas cámaras del Poder Legislativo de la provincia”, rige “la reserva absoluta de las actuaciones”.

“Las informaciones publicadas en medios locales sobre pruebas o medidas procesales constituyen meras especulaciones, propias de la libertad de expresión, que no se fundan en datos fidedignos de la causa ni reflejan la postura del Ministerio Público Fiscal en la investigación que recién comienza”, acotó García en el breve escrito.

Los bienes del contador Bilbao

En el marco de la causa en la que están en observación más de 350 contratos que están, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, con la coordinación de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, realizaron a principios de octubre dos allanamientos en uno de los cuales quedó detenido junto a otras tres personas Alfredo Bilbao quién, además de ser responsable inscripto para servicios empresariales y cría de ganado bovino, es contratado en planta temporaria por el senador nacional Pedro Guastavino desde principios de 2013, bajo la Categoría A-2, con una remuneración que ronda los 61 mil pesos mensuales.

Según pudo saber Cuestión de Fondo de acuerdo a información que figura en un organismo oficial, Bilbao posee tres vehículos (uno de ellos compartido con su esposa), dos casas –una en Paraná y la otra en Villa Libertador General San Martín- (una compartida con su esposa), una cochera, una chacra sobre ruta 12, ocho departamentos en Villa Libertador General San Martín y dos terrenos en Paraná.

Su esposa, Julia Gabriela Vainsten, además del vehículo y la casa que posee a medias con Bilbao, tiene también cuatro departamentos y una cochera en Paraná y un terreno en Villa Libertador General San Martín.

El detalle de los bienes del matrimonio muestra un Volkswagen Take Up 2017, una Toyota Hilux 4×4 2017 y un Peugeot 208 Feline 2014. Las casas están ubicadas en calle Madre Teresa de Calcuta en Villa Libertador y en calle El Ñapindá en Paraná. Los departamentos son ocho en calle Amado Nervo en Villa Libertador, cinco en calle Alsina y uno en calle Colón en Paraná. A la chacra en ruta 12 se suman los terrenos en calle Antonio Crespo y del Payador en Paraná y en calle Ramón Isasi en Villa Libertador.

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