Paraná 

Sueño Entrerriano: Al borde del juicio, el abogado de Urribarri habló de “descontento” con el juez

El ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, está al borde del juicio oral y público por la sonada causa del “Sueño Entrerriano”, en la que se investigó el supuesto financiamiento con fondos públicos de su campaña presidencial de 2015.

El martes último, el juez de Garantías N° 3 de Paraná, Ricardo Bonazzolla, le rechazó un recurso a su defensa técnica y lo dejó cerca del juicio. La decisión también alcanzó Pedro Báez, ex ministro de Comunicación y Cultura y actual diputado provincial.

Ambos, a través de sus abogados, habían interpuesto el recurso de excepción por falta de acción con el que interesaban el sobreseimiento, fundamentada esa petición en el hecho de que las contrataciones cuestionadas por la Fiscalía habían pasado, sin objeciones, por el filtro de los organismos de control.En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, el abogado de Urribarri, Raúl Barrandeguy, se manifestó en desacuerdo con la resolución del magistrado y adelantó que posiblemente presenten la apelación ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones. No obstante, señaló que consultará a su defendido. “Podría decir (su defendido): ‘Vamos al juicio’”, dijo.

Antes de dar su opinión sobre la decisión del magistrado, el letrado destacó que junto a los demás abogados -Candelario Pérez, su socio, e Ignacio Díaz, defensor de Báez- respetan el Poder Judicial y que en particular tiene un “afecto personal enorme” por el juez Bonazzolla.

Enseguida, detalló por qué no acuerda con la resolución del juez. “Pensamos que los argumentos centrales de los que sostuvimos no fueron considerados por el juez y eso nos ha dejado descontentos, en el sentido de que no se ha pronunciado sobre los argumentos que le dimos. En función de eso estamos viendo –la apelación-, no lo hemos decidido todavía. Tendría que consultar a mi cliente. Pero le diría que vamos a apelar”, aseveró.

En relación a la postura sobre las contrataciones cuestionadas por la Fiscalía, explicó: “Están aprobados los gastos correspondientes por medio de cuatro decretos, que están perfectamente bien elaborados. Esos decretos se prepararon en las áreas técnicas correspondientes. Se adoptaron después de que la Contaduría General aprobó el gasto y la finalidad; de haber aprobado la Tesorería la intervención de la Contaduría; y de la aprobación del Tribunal de Cuentas; por estar dentro de la Cuenta General del Ejercicio, que es la inversión de cada año que hace el gobierno provincial”.

Además, detalló que tras pasar por los organismos de control, la Contaduría General “preparada un informe sobre toda la inversión de ese año y se manda a la Legislatura, donde los legisladores lo pueden aprobar, observar o considerar en la manera que corresponda”.

En ese marco, recordó que una de las causas fue iniciada por “un senador que no hizo ninguna clase de objeción”, en alusión al legislador Raymundo Kisser (Cambiemos), quien llevó a la Justicia el caso del parador playero instalado en el verano de 2015 en Mar del Plata.

Más adelante, el abogado defensor de Urribarri sostuvo que existen disposiciones del Tribunal de Cuentas en las que se establece que las aprobaciones de contrataciones que realiza el organismo son “cosa juzgada”, es decir, que no puede ser revisadas por la justicia.

Asimismo, indicó que hay otra normativa que establece que “si aparece una cuestión vinculada a una infracción penal, el Fiscal de Estado la debe denunciar y la ley le da la misma facultad que tienen los fiscales”.

“Le están imputando una infracción penal que la comete el que sustrae. Cómo va a haber sustracción si los organismos de control se han expresado. Por eso nuestro punto de vista crítico con lo que ha resuelto Bonazzola y probablemente por eso será nuestra apelación”, se explayó Barrandeguy.

Al finalizar, consideró apresurado que el juez Bonazzolla haya manifestado que el caso debe resolverse en el juicio oral, cuando todavía la audiencia de remisión a debate oral no se llevó a cabo.

“Ha resuelto prácticamente elevar la causa a juicio. De todas maneras esto no está firme. Tendrá que pronunciarse la alzada, después Casación; y después, si corresponde, tendrá que pronunciarse la Sala Penal en una impugnación extraordinaria”, cerró.

La causa

En diciembre pasado el Ministerio Público Fiscal unificó tres expedientes de la causa el “Sueño Entrerriano” y pidió la elevación a juicio de todos los imputados por supuestos delitos contra la Administración Pública. La tesis de la Fiscalía es que se utilizó dinero del Estado para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri.

La causa incluye los siguientes expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones.

Además, del exgobernador y su exministro de Cultura y Comunicación; también están imputados el exministro de Turismo, Hugo Marso, y, entre otros, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.

Los delitos que se le imputan a Urribarri y Báez son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.

Para Urribarri la Fiscalía pide 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión. Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.

Fuente: Entre Ríos Ahora

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