n_1520985372Concordia CORRUPCION JUDICIALES Portada 

l 21 de Marzo de 2018, el mismo día en que termina el verano y comienza el otoño en el hemisferio sur, también será una fecha bisagra para la suerte de 17 personas, a quienes la Justicia procesó por “peculado en concurso ideal con defraudación a la administración pública”.

¿Serán absueltos o se los declarará culpables? ¿Saldrán libres, irán a la cárcel o pesará sobre ellos prisión condicional? ¿Quedarán inhabilitados de por vida para el ejercicio de cargos públicos, con el consiguiente cese inmediato en sus funciones del Presidente Municipal?

Estos son algunos de los interrogantes que el juicio intentará despejar, al evaluar, una por una, las pruebas reunidas por el Fiscal José Arias, para documentar la maniobra que les habría permitido a los acusados apropiarse de tierras fiscales en bellos parajes de la localidad de Puerto Yeruá, al sur del Departamento Concordia, a orillas del Río Uruguay.

La bella Puerto Yeruá, el escenario de los hechos investigados

 Puerto Yeruá, el escenario de los hechos investigados

La lista de los imputados es encabezada por Fabián Cevey, intendente de Puerto Yeruá; María Griselda Brassesco, Secretaria Municipal, y el Dr. Julio Larrocca, por entonces abogado de la comuna, actual presidente de la Liga de Fútbol de Concordia y vicepresidente primero del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“El caso es muy sencillo. El intendente Cevey, la secretaria Brassesco y el abogado de la municipalidad Larrocca se pusieron de acuerdo para quedarse con lotes de 1200 a 1700 metros cuadrados, en lugares hermosos, aprovechándose de una serie de normas pensadas para adjudicar sin licitación pequeños terrenos a gente muy humilde, para que se puedan construir una casilla donde vivir” resumió el Fiscal José Arias.

150 testigos

No será sencilla ni rápida la tarea que le espera a Arias, al único abogado defensor, el Dr. Juan José Bukténica, y a los magistrados Carolina López Bernis, Silvina Gallo e Ivés Bastián, responsables de impartir justicia. En principio, están citadas “alrededor de 20 audiencias y hay aproximadamente 150 testigos” precisaron en tribunales.

Los más optimistas consideran que el número de audiencias podría reducirse a 5 y que los testigos más relevantes no pasarán de una quincena.

El imputado número 18, que prefirió la “probation”

Lo cierto es que son 17 los imputados, aunque habrían sido 18 si no fuera porque uno de ellos, el conocido empresario de la construcción José Galvani, de estrecho vínculo con el exgobernador Sergio Urribarri, optó por devolver el terreno que había recibido y acogerse a una probation.

Con independencia de su peso jurídico, el gesto de Galvani no ha hecho otra cosa que poner en una incómoda y débil situación al resto de los imputados, ya que el empresario se reconoció “culpable”. De otro modo, no habría procedido a devolver lo que en teoría había adquirido en buena ley. “Si Galvani admitió su culpabilidad, los demás también serían culpable” conjeturan en tribunales.

Al igual que Galvani, la mayoría de los imputados son “compradores”, y en tal carácter enfrentan serias dificultades a la hora de intentar justificar cómo fue que adquirieron por 11.000 pesos terrenos fiscales tasados en mucho más de 300.000. O en 8000 lo que costaba246.000, por poner sólo dos ejemplos. Son precios tan irrisorios que, como dice el dicho, “hasta el santo” habría desconfiado de tan grande “limosna”, máxime que tal acto de insólita “generosidad” fue hecha con bienes que pertenecen a toda la comunidad. O sea, Cevey no malvendió o regaló lotes de su propiedad sino del Estado, varios de los cuales los traspasó a testaferros suyos, según concluyó Fiscalía.

La pena por peculado

La pena prevista para el delito de “peculado en concurso ideal con defraudación a la administración pública” es de 2 a 10 años de cárcel, con inhabilitación de por vida para el ejercicio de cargos públicos, además del decomiso de los bienes mal habidos.

En el requerimiento de remisión a juicio, Fiscalía adelantó que solicitaría 10 años de prisión para los imputados, aunque habrá que ver si mantiene tal pretensión una vez que finalice el debate.

Fiscal José Arias

Fiscal José Arias

Es de suponer que una eventual condena será rápidamente apelada, por lo que pasarán no menos de tres años hasta que se superen las instancias superiores y el fallo quede firme o resulte objetado.

Si la condena no sobrepasara los 3 años de cárcel, no será efectiva sino condicional, de tal modo que ninguno de los 17 irá efectivamente tras las rejas, aunque pesará sobre ellos la inhabilitación y tendrán que devolver los terrenos.

La lista de los imputados

Uno de los aspectos que le otorga particular complejidad al caso es el número de imputados. A los ideólogos, que habrían pergeñado el “reparto” de los lotes, se le suman varios más que figuran como “compradores”, muchos de ellos “testaferros”, al decir del Fiscal Arias.

Decir “compradores” resulta cuanto menos exagerado, porque nunca aparecieron comprobantes que documentaran de manera fehaciente los pagos. “En la Municipalidad de Puerto Yeruá no hay acreditado ingreso de dinero por esos lotes, a pesar de que se vendían por cifras irrisorias”, explicó el fiscal.

Los imputados son:

Cevey, el principal imputado, en un encuentro con el Senador Ángel Giano

Cevey, el principal imputado, en un encuentro con el Senador Ángel Giano

1 – Alejandro Fabián Cevey, Presidente Municipal de Puerto Yeruá;

2 – María Griselda Brassesco, Secretaria Municipal;

3 – Julio César Larrocca, abogado de la Municipalidad;

4 – Marcelo Alcides Larrocca, con domicilio en Puerto Yeruá, en su carácter de comprador (hijo del abogado municipal);

5 – Fabián Rubén Terenzano, domiciliado en Concordia, en su carácter de comprador;

6 – María Mercedes Maquiavelo, con domicilio en Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en su carácter de compradora (cuñada de la esposa del Intendente Cevey, al punto de que su esposa firmó como apoderada de Maquiavelo);

7 – Romina Elizabeth Filsinger, domiciliada en Concordia, como compradora (hija de la secretaria de la Intendencia, María Griselda Brassesco);

8 – Leonardo Daniel Galarza, domiciliado en Concordia, también como comprador (marido de Romina Elizabeth Filsinger y yerno de la secretaria de la intendencia);

9 – José Luis Irribarren, domiciliado en el Barrio 708 Viviendas de La Bianca, como comprador.

10 – María Mercedes Girard, domiciliada en Ushuaia, Tierra del Fuego, también como compradora.

11 – Gabriela Andrea Girard, domiciliada en Puerto Yeruá, también como compradora.

12 – Alejandro Joaquín Cevey, domiciliado en Puerto Yeruá, también como comprador.

13 – Brenda Soledad Cevey, domiciliada en Puerto Yeruá, en carácter de compradora.

14 – Ramón María Benítez, domiciliado en Puerto Yeruá. También en carácter de comprador.

15 – Gustavo Miguel Graziano, domiciliado en Concordia, en carácter de comprador.

16 – Diego José Sampellegrini, domiciliado en Concordia, en carácter de comprador.

17 – Guillermo Javier Guevara, domiciliado en Barrio 22 Viviendas de Concordia. Comprador.

Paso a paso, la trama de la estafa denunciada

Fue una demanda patrocinada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet la que movió a la Justicia a poner la lupa sobre lo ocurrido en Puerto Yeruá.

Los dos letrados se hicieron eco de la investigación que habían iniciado dos ciudadanos y dirigentes de la localidad, Sebastián Telayna y Aníbal Maschio.

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